Un grupo de campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales hemos decidido acompañar a Dolores Etchevehere en la recuperación de la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos. Juntos, hemos conformado Proyecto Artigas y hemos plantado, en la tierra que le pertenece por derecho natural, la primera semilla de una reparación histórica.

Hemos acordado con Dolores Etchevehere la cesión del 40% de la tierra que le corresponde como legítima heredera de su padre para construir un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, distinto al que su familia representa. Nos proponemos construir allí un proyecto productivo que cuide la madre tierra y respete los derechos de las familias campesinas1.

Nacido de la señalada conjunción de actores, el “Proyecto Artigas” comenzó a desplegarse en la provincia de Entre Ríos, Argentina, en octubre de 20202. Éste vinculó la rectificación jurídica de unos derechos de propiedad de la tierra al desarrollo de un programa agroecológico y social, y ambos a una figura central de las revoluciones e independencias americanas del siglo xix 3. Su punto de partida concreto fue un litigio interno a la sucesión de una de las familias más poderosas de la provincia, los Etchevehere, una de cuyas integrantes denuncia haber sido sistemáticamente perjudicada por los demás herederos. Ligados al poder político y corporativo no sólo sectorial, estos habrían desplazado y privado a la mujer tanto de los negocios familiares cuanto del disfrute de propiedades adjudicadas por su padre antes de morir. Tras once años de denuncias con escasos avances, Dolores Etchevehere decidió ceder a la Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores Familiares Limitada, integrante de la red que impulsa el Proyecto Artigas4, un cuarenta por ciento de “todas las acciones y derechos hereditarios que manifiesta tiene y le corresponden en los sucesorios”. El 15 de octubre, junto a una serie de presentaciones en juzgados de Buenos Aires y Entre Ríos, se produjo el ingreso de los integrantes del Proyecto Artigas a una porción de las tierras de la estancia Casa Nueva, inmediatamente denunciado como ocupación ilegítima por los otros miembros del clan.

El conflicto asumió rápidamente proporciones periodísticas, dando lugar a encendidas reacciones políticas y corporativas, entre ellas las de unos grandes medios (La Nación y Clarín entre los primeros) cuya imbricación con el poder real es parte de un axioma resistente. El curso jurídico del asunto, central en una disputa que se desplegaba, en rigor, en torno a la capacidad de una heredera de disponer de su patrimonio, fue a la vez acompañado y afectado por una publicidad que promovió una lectura del evento como avanzada contra la propiedad privada, abonando un extendido rechazo. La producción periodística del acontecimiento (que hace de un suceso acotado “experiencia colectiva”)5 reactivó así una identificación recurrente en la Argentina, tanto con la bandera de la propiedad cuanto con la figura del “campo”; sede designada de la producción y la riqueza, merced a su papel en la generación de divisas, que remite concretamente a un conjunto de entidades agropecuarias (comprendidas las de grandes propietarios y productores) y también se beneficia de connotaciones antiguas, a las que debe parte de su legitimidad6.

La designación del “Proyecto Artigas” fue una de las aristas a través de las cuales se libró la disputa: de un lado, labrando la identidad de un proyecto contemporáneo con la dimensión agraria de la experiencia artiguista en el siglo xix; del otro, denunciando en ese gesto un deliberado “uso del pasado”, que se presumía distorsivo. Las páginas que siguen atienden algunos elementos de esa reactivación del pasado decimonónico, que implicó a variados actores: el tenor de la analogía que funda la designación del “Proyecto Artigas”; el de las objeciones que pretendieron desmontarla; el discreto lugar de la historiografía académica en el expediente en su conjunto. El argumento se despliega en esos tres movimientos, subrayando que la analogía establecida por el Proyecto Artigas (un paralelo “hacia atrás”, que lleva al siglo xix, pero también especialmente ligado a la redistribución y el uso efectivo de la tierra) no es tan errática, aunque no quepa a los historiadores corregirla; que las objeciones periodísticas a esa analogía reposan en la asunción de otra, que coloca al Proyecto Artigas en la serie de las revoluciones socialistas del siglo xx, comprometiendo la prueba y reforzando la instrumentalización del motivo experto “usos del pasado”7; que la vida ideológica del pasado renueva, también en estas latitudes, la tensión disciplinar entre la imposibilidad de regular las evocaciones y usos identitarios, la voluntad de incidir en el debate público y las formas que otros actores imaginan para esa intervención. Hablé en pasado porque de esos días de especial intensidad proviene el discreto conjunto de testimonios en que reposa este argumento; el proceso, que incluyó habilitaciones y reveses judiciales a los que siguió un desalojo pacífico el 29 de octubre, continúa, sin embargo, abierto.

La designación del Proyecto Artigas reenvía de manera directa a uno de los costados más visitados de la experiencia artiguista, tal el de su política agraria. Inseparable del carácter rural de un movimiento largamente privado de la ciudad de Montevideo -ocupada por el realismo español hasta 1814 y luego por los ejércitos directoriales comandados desde Buenos Aires-, esa dimensión remite de manera especial a una disposición de setiembre de 1815, ya triunfante el artiguismo en la Banda Oriental del Río de la Plata pero, también, tras un lustro que había comprometido una de las llanuras más productivas de la región. El “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados” es así la referencia explícita del Proyecto Artigas, en cuya página, tras considerar al líder “uno de los hombres más revolucionarios de la generación de mayo” y subrayar su “perspectiva profundamente popular, federal y latinoamericanista, con un pensamiento innovador sobre propiedad y uso de la tierra”, se transcribe el documento8.

En sede historiográfica uruguaya, se trata de un documento muy recurrido al menos desde los años sesenta, cuando –frente a las más asentadas narrativas nacionales de Artigas y en consonancia con un momento de renovación disciplinar- se multiplicaron las indagaciones sobre la contextura política del movimiento (una radicalidad hecha de independentismo, confederacionismo, republicanismo) y su peculiar componente social (aun frente al ala “jacobina” de la revolución en Buenos Aires)9. La inquietud por este cariz, síntoma de otra época convulsa, trajo a primer plano el Reglamento, abriendo también la perspectiva de hacer “saltar” la gesta artiguista de la serie de las revoluciones de independencia y reinscribirla en la de otros movimientos emancipatorios de voluntad más integral. De allí la alarma observada por Halperin Donghi entre “los estudiosos uruguayos más conservadores”, “al ver al héroe nacional transformado en precursor de revoluciones futuras”10. Y de allí también la posibilidad de colocar el Reglamento en una saga de revoluciones radicales que prolonga, antes que contradecir, la variante jacobina porteña, como en Azcuy Ameghino11.

En todo caso, el Reglamento es inequívoco en muchos de sus puntos: confiscación de las tierras de los peninsulares emigrados (“malos europeos y peores americanos”) o no indultados a la fecha, con reserva de lo “bastante” para su subsistencia cuando hubiera hijos; distribución de esas tierras, y otras recuperadas de las donaciones y ventas anteriores, entre “los más infelices” (negros y pardos libres, indios y criollos pobres); términos precisos y plazos perentorios de división, registro de marca, puesta en producción, reparto de animales, etc.. Está, a la vez y como han mostrado muchos trabajos, habitado por una diversidad de fuerzas sociales, urgencias e intereses que también comprometían su aplicación: los hacendados leales que venían pidiendo intervención ante la apropiación directa de recursos (un borde eficiente para la abolición de la esclavitud), el Cabildo de Montevideo, cuyas desobediencias expresaban las de unas elites cuya exclusividad el artiguismo minaba, entre otros actores cuyo análisis ha permitido mostrar al líder como un punto de una densa malla de intereses, necesidades e incertidumbres12. Parte del atractivo del documento es, precisamente, exponer ese tiempo de revolución en que el igualitarismo y el orden iban forzosamente juntos, aunque muchas cosas condicionaban las chances de un “punto cero” social.

Siendo directa, la referencia al Reglamento en el Proyecto Artigas también parece mediada; y esto menos por las señaladas referencias académicas que por su presencia difusa dentro de otras claves de lectura. El puente lo ofrece en este caso una cita a Pacho O’Donell, historiador vocacional de amplia vida mediática y alguna en funciones, enrolado en las huestes del revisionismo argentino. Estilizadamente: lecturas que desde los años treinta, subrayando el vínculo entre política e historia y en contraposición a una historiografía académica que siguen considerando “oficial”, pretendieron revelar la “verdadera historia” y operaron una larga inversión de valores respecto de la tradición liberal: con variantes y matices, donde aquélla señalaba fuerzas disolventes del esfuerzo por crear un estado (los caudillos y sus montoneras) éstas hallaban la esencia de lo nacional; donde aquélla un tirano en Juan Manuel de Rosas, éstas el defensor de la soberanía nacional13. Teniendo momentos de condensación muy reconocibles (de inflexión elitista o populista), ese revisionismo se distingue desde hace al menos tres décadas por su elevada presencia mediática y su acusado olfato de mercado. Su predicamento fue, sin embargo, siempre alto dentro de la parcela de la sociedad argentina interesada en historia, lo que redunda en su capacidad de alimentar cierto sentido común en este orden.

De allí viene entonces la grilla de lectura subtendida a la analogía entre el artiguismo y este Proyecto Artigas, cuyo núcleo duro reposa en el Reglamento y que condimentan algunas de las notas señaladas al comienzo: una perspectiva “popular, federal y latinoamericanista”, en especial; luego una figura enfrentada a “las élites del unitarismo porteño y poderes extranjeros”, consecuentemente “silenciada durante toda la historia”14. En cuanto a los paralelos políticos, importa que el proyecto tenga lugar en Entre Ríos, parte de los territorios litorales vinculados a la Liga de los Pueblos Libres conducida por Artigas entre 1815 y 1820, como alternativa al gobierno directorial de Buenos Aires, y también que desatienda sin problemas la figura del caudillo más relevante de la provincia, Francisco Ramírez, muerto en 1821 tras haber enfrentado a aquél. La elección devuelve a un momento pre-nacional, del que en parte deriva su “americanismo” actual, pero también a un momento en que la reivindicación de la “soberanía particular de los pueblos”, para decirlo con Artigas, fue asociada antes a un federalismo convulsivo que a una identidad o un “partido”15. La dimensión “popular”, por su parte, apunta menos a una movilización militar que tuvo ese carácter en muchas jurisdicciones, alimentando en algunas la inquietud ante la “guerra social”16, que al propio Reglamento, con sus paralelos más evidentes: la cifra rural de la iniciativa; el gesto redistributivo (aquí y allí campesinos sin tierra); la intervención correctiva sobre la posesión/propiedad de la tierra conforme otras variables; incluso la multiplicidad de actores involucrados (allí y aquí también terratenientes/hacendados y autoridades intermedias). En definitiva, lo que se engloba en el subtítulo bajo el significante más próximo pero no menos contencioso de “reforma agraria”, siempre susceptible de declinaciones más o menos reformistas o revolucionarias, aquí asociado a lo que se subrayó en el líder: “un pensamiento innovador sobre la propiedad y el uso de la tierra”.

Se trata de una analogía parcial en lo que hace a las medidas y, a la vez, de una invectiva identitaria fundada en la idea de que la historia tiene algo que ofrecer al presente. No parangona los contextos, “el problema del arreglo de los campos”17 de entonces a los sólidos derechos de propiedad contemporáneos, sino situaciones e intervenciones. Sin ser nueva, la actualización tampoco parece especialmente desatinada, no sólo por la naturaleza de las evocaciones identitarias, siempre laxa y genérica, sino precisamente porque, también habitada por muchos actores y tensiones, no se presenta a sí misma como una “revolución social” o un “socialismo” prácticos, como sugieren algunos de sus detractores. Desde luego, en ciertos contextos algo puede tener efectos revolucionarios con sólo rozar intereses consolidados, pero aquí se trata de una disputa que se libra también en el orden del discurso, por lo que los elementos que fundan la prueba de las acusaciones cuentan. Parto así de una mirada relativamente abierta de esta actualización, que admite que hay evocaciones propias de cualquier construcción identitaria que pueden ser viables y movilizadoras en sus rasgos más generales sin ser forzosamente deliberadas, exhaustivas o falsas.

En los quince días que duró la ocupación, muchos medios se hicieron eco, con mayor o menor distancia, de la interpretación del asunto dada por la rama mayoritaria de los Etchevehere. En términos jurídicos, estos argumentaban que la estancia Casa Nueva pertenecía a una Sociedad Anónima cuyas acciones Dolores había cedido en 2018, lo que hacía de la ocupación una “usurpación” con muchos condimentos –y ésa fue, a grandes rasgos, la interpretación del segundo fallo judicial-; ligado a esto, propalaban una encendida defensa de la propiedad privada, desde su perspectiva atacada por la actividad del Proyecto Artigas18. Desatendiendo el contraargumento (precisamente del orden de una privación en el goce de aquellos derechos)19, ese núcleo de la familia abundó en proclamas sobre el motivo, que habría rematado con un “¡Viva la propiedad privada!” tras el segundo fallo, del 29 de octubre, seguido por Youtube a metros de la estancia.

La disputa, es claro, no se daba en términos de propiedad/no propiedad, e incluso ésa es la razón por la que otras organizaciones políticas y sociales, ubicadas a la izquierda del espectro, objetaron los límites del Proyecto Artigas20. Pero la efusión propietaria reposaba en otras sensibilidades y tradiciones (un ultraliberalismo explícitamente sensible a todo límite al lucro) y apuntaba a un contexto crispado por otras medidas y ocupaciones de distinto tenor, entre ellas la que algunos movimientos de izquierda conducían desde julio en Guernica, provincia de Buenos Aires, amparada en la previa malversación de tierras fiscales, crudamente reprimida unas horas antes el mismo 29 de octubre21. Los pormenores políticos son complejos, porque aquí la orden salió de un gobierno que integra el mismo conglomerado que Grabois, quien dirige su espacio siempre con mucha autonomía (una autonomía hecha de otras relaciones, que van desde otros sectores del peronismo a las organizaciones cartoneras o el Papa) y no se privó de cuestionar ese desalojo en términos de cesión a los “poderes fácticos”22. Como sea, desde que la denuncia del clan Etchevehere se formulaba en términos de una afrenta contra la propiedad privada y presumía una radicalidad que el Proyecto Artigas por un lado evocaba y por otro declinaba, toda otra intervención vino a encadenarse a esto.

El mismo día del segundo fallo y del desalojo pacífico de Casa Nueva, La Nación ofreció una nota titulada “Las verdaderas raíces del proyecto Artigas que Grabois busca reinterpretar”23. Firmada por un periodista, corresponsal uruguayo, ésta ofrecía una lectura del Reglamento bastante más conservadora que aquella en que podrían acordar las indagaciones de las últimas décadas, resaltando el factor del “orden” y la “seguridad de los hacendados”, efectivos, pero declinando las precedencias e inquietudes sociales que también otros testimonios han revelado en Artigas. “Aquel documento que utilizan Grabois y sus seguidores ha sido tomado como un modelo de ‘proyecto nacional y popular’ o como una especie de ‘revolución social’, lo que dista exageradamente de los hechos de hace más de 200 años, como lo han explicado varios estudios de historiadores”; “No fue una revolución social ni se hablaba con expresiones de ese tipo en aquella época; no fue con el fin de expropiar campos y repartirlos con un criterio de ‘justicia popular’", anota.

En todo caso, pese a subrayar que había allí material para leer a izquierda y derecha (cuestión que toma de Rilla y de la que éste ha ofrecido ejemplos y razones)24, su lectura curiosamente asume la clave de un revisionismo invertido, que conecta la denuncia al develamiento de la “historia verdadera”: “El caso es uno más de los tantos usos del pasado para el debate presente”, dice, sin esclarecer los términos de este último, relevantes para ponderar, así sea políticamente, la validez de la analogía. La entrevista referida por José Rilla en su artículo, dada en podcast y conexa a una nota del día anterior25, fue incluso más enfática en el reclamo de la confirmación que buscaba.

Y aquí hay al menos tres cosas. Lo primero, que completa en los medios el ciclo iniciado por las denuncias del núcleo mayoritario del clan Etchevehere, es un desplazamiento de la analogía central, establecida no ya con el siglo xix, como en el Proyecto Artigas, sino entre éste y las revoluciones socialistas del siglo xx26. No es un punto menor, como no lo es que esa asociación esté ausente en el principal documento del propio Proyecto. En términos de atributos, la analogía falla porque, en rigor, no es posible reconocer sus principales trazos en textos tan atentos al sistema de propiedad, ni aplicarla a una secuencia de ocupación y desalojo de Casa Nueva puntualmente marcada por hitos legales.

Lo segundo es que, aunque falle en esos términos, esa analogía profunda organiza eficazmente las intervenciones, y es en virtud de ella, del indemostrado socialismo del Proyecto Artigas, que se da otro paso en dirección a la historia: puesto que el Reglamento artiguista distaría del programa de Grabois, su invocación no podría sino ser instrumental; un “uso” que cabe denunciar y se espera la opinión experta ratifique. Así los medios asimilan, no sólo en estas latitudes y quizás no sólo ellos, lo que en su momento fue una promesa de la historiografía, adoptando una idea de “usos de la historia” que, desinteresada por las evocaciones y los contextos, reduce el asunto a su dimensión más crudamente instrumental. El “uso” resulta menos una forma de reactivación o actualización identitaria, programática, incluso estética, que una malversación interesada, deliberada y conforme a fines que no osan pronunciarse. En consecuencia, nociones labradas en sede disciplinar trascienden al gran público antes como anatema político que como invitación a miradas más complejas o ajustadas del pasado, lo que valoriza el recurso experto en forma paradójica, como reválida frente a las supresiones del periodismo.

El tercer punto es más general y hace al carácter presente de las evocaciones del pasado tanto como a la duración larga de fenómenos de otro orden. Porque es en parte una antigua sensibilidad propietaria la que alienta a desplazar la analogía a las revoluciones del siglo xx, figuras del “perderlo todo”, casi inadvertidamente: es un gesto instintivo que cobra la forma de analogía histórica porque es antes una analogía emotiva. Y allí, aunque el periodista subraye que en el Reglamento había ante todo orden, menguando su componente social, efectivamente trabajan sensibilidades que no eran ajenas a capitulares y hacendados en 181527.

En su faz amable, la reactivación del pasado en sociedades contemporáneas puede ser tanto expresión eficiente de la concatenación de generaciones como concreta -aunque “impura”- proyección de los modestos aportes de la historiografía cuando esas conexiones se interrumpen. Bien visto, podría decirse que en primera instancia es también un modo de experimentar la historia como un hecho no completamente exterior, objetivo y concluso, sino como parte del largo movimiento que conecta (y distingue) pasado y presente28. Es, en tal sentido, no sólo algo que se da en los hechos mismos, con limitada injerencia de nuestro gremio, sino también algo que habla de la vitalidad de la historia, más allá de lo ajustado de las reactivaciones, lo acusado de las razones o lo prometedor de sus expresiones. La cuestión habitaba ya las consideraciones europeas respecto del doble movimiento de demanda de historia y desconfianza de la historia a comienzos del milenio29.

Tratándose de fenómenos de recuperación de una época por otra y más allá de sus efectos, interesa al historiador desmontar y contextualizar sus manifestaciones discursivas, políticas, identitarias, como inclinó entonces a hacer la problematización de los usos del pasado. Por su propia vocación pública, interesa también a la historia ofrecer los elementos para un conocimiento lo más adecuado posible de aquellos pasados, sin que esto equivalga a una autoridad de regulación de los usos espontáneos. Convocados por otras instancias institucionales o mediáticas, llevamos nuestra pequeña capacidad en ese sentido, sin poder modificar demasiado el desajuste entre nuestras expectativas y las suyas, algo que ya ha sido subrayado muchas veces y muchos años atrás.

En este punto, si el Proyecto Artigas dice buscar algo en ese pasado, y opera con esto una analogía parcial como tantas otras, pero quizás más ajustada que otras, las objeciones periodísticas en términos de “usos” instrumentales (fundadas en un desplazamiento de la analogía que dificulta la prueba) exponen, ante todo, su propia disposición a extender la instrumentalización a la disciplina histórica. Y quizás más mientras más distantes de ella se ubiquen sus propios procedimientos frente al mundo referencial que congrega, en la arena de la historia reciente, a historiadores y periodistas30. Antes que como zona de convergencia, el presente aparece allí como la arena de una renovada división de tareas, que deja poco margen a la historia porque la fagocita con sólo invocarla.

Como se sabe, ese juego de evocaciones contemporáneas del pasado, que es y no es el nuestro, está habitado por muchos actores: una historiografía extraacadémica de gran predicamento mediático, más apta para abonar un cierto sentido común histórico; periodistas y grupos de medios también ligados a otros intereses; los propios contrincantes de una arena política y corporativa que cumplen funciones intelectuales dentro de su sector. Frente a ellos, nuestros desmontajes arrojan a veces resultados modestos y de incidencia lenta o larvada, como señalar que lo que se muestra de un modo parece ser de otro, o que en ciertas reacciones funcionan ciclos largos, e históricamente densos, de emotividad e intereses. Lejos ya de precisar declinar nuestra exclusividad de trato con el pasado, lo que se subraya es más bien que, por momentos, también respecto de esos actores se definen tanto nuestro derecho a tratarlo cuanto la autonomía de nuestra práctica. No en términos de una retracción pública que se busca torcer, ciertamente sí en términos de unos objetivos y unos modos de ver y proceder.