El 6 de septiembre de 1930 tuvo lugar el primer golpe de estado de la historia argentina. La sólida estabilidad institucional costosamente construida desde mediados del siglo XIX bajo el signo del liberalismo fue allí interrumpida por un golpe militar que contó con amplio respaldo civil. Aunque el líder de la revolución de septiembre, José F. Uriburu, era un reconocido militar germanófilo de ideas autoritarias, no era en rigor la institucionalidad liberal la que le causaba principal rechazo, sino, antes bien, la inflexión democrática a que ella había dado paso en 1910. Es sabido que ese año, con la llegada a la presidencia de Roque Sáenz Peña, la Argentina empezó a transitar un camino de reformas legislativas que dieron paso a la instauración de hecho del sufragio universal masculino. En 1916, los primeros comicios presidenciales celebrados al amparo de la nueva legislación electoral arrojaron un resultado para muchos inesperado: fue un partido opositor, la Unión Cívica Radical (UCR), el que se hizo con la victoria. Hipólito Yrigoyen, el principal líder y referente del radicalismo, al asumir la presidencia comenzó desde el estado a consolidar el dominio de su partido sobre el escenario político; su sucesor, Marcelo T. de Alvear, no hubiese sido electo de no mediar su explícito aval. Y en 1928 logró retornar a la presidencia obteniendo un apoyo masivo de la ciudadanía. Sin embargo, a fines de los años veinte las devastadores consecuencias de una crisis mundial sin precedentes sumaron sus efectos a una gestión de gobierno que desde el principio se mostró menos dinámica de lo que incluso sus más fervientes oponentes hubiesen podido predecir. La imagen de un presidente senil, ocupado en nimiedades mientras un tembladeral sacudía la economía nacional, no tardó en reactivar las críticas basadas en la ineptitud administrativa y en la ausencia de ideas de gobierno de ese yrigoyenismo que parecía interesado sólo en consolidar y acrecentar su máquina electoral. Aupado en ese nuevo clima de opinión, un sector del Ejército derrocó en 1930 a Yrigoyen, poniendo término a la experiencia de gobiernos radicales y abriendo un signo de interrogación sobre el devenir del sufragio universal en la Argentina.

¿Qué relación existió entre la etapa iniciada con el golpe de estado de 1930 y la democracia? Sabemos que éste es un tema controversial tanto para los historiadores como para los publicistas políticos que han escrito sobre el periodo. El presente trabajo no pretende realizar una exhaustiva revisión bibliográfica para delinear un “estado del arte” sobre la materia. Antes bien, busca centrar su atención en apenas un reducido número de aproximaciones paradigmáticas que, preguntándose acerca de las líneas de continuidad o de ruptura que los trece años posteriores al golpe de estado mantuvieron con el periodo inmediatamente previo de vigencia de la Ley Sáenz Peña, acabaron por nutrir – aunque no equilibradamente – un debate académico y político sobre las vicisitudes de la democracia argentina previa al surgimiento del fenómeno peronista. Para ello, expondremos aquellas distintas interpretaciones paradigmáticas de la larga década en cuestión, las someteremos a un análisis crítico y finalmente expondremos, sobre la base de esa crítica, algunos argumentos que consideramos necesarios para acercarnos a la comprensión de una etapa crucial de la historia política argentina del siglo XX.

En primer término, se encuentran las narraciones que posteriormente se denominarían revisionistas1. A grandes rasgos, las mismas pueden concentrarse en dos grandes grupos. El primero está constituido por los núcleos intelectuales nacionalistas que con distinto matices acompañaron el golpe septembrino y el gobierno de José Félix Uriburu. Para estos sectores, el yrigoyenismo en general y el segundo gobierno de Yrigoyen en particular, eran el punto final de una larga decadencia que había sido potenciada por la reforma electoral de Sáenz Peña. Parte de estos grupos mostraron una hostilidad de principio con la democracia y vieron en la jura de Uriburu por “las leyes que habían llevado al desastre”2 las causas del naufragio del primer gobierno revolucionario. El segundo grupo está compuesto por los núcleos intelectuales y políticos que reivindicando la experiencia yrigoyenista desarrollaron una narrativa nacionalista plebeya intentando impregnar a un radicalismo en proceso de construir un nuevo perfil programático con su impronta. El primer período del grupo F.O.R.J.A. es su expresión más acabada, aunque está lejos de ser la única. Ancladas en una consideración de la cuestión democrática como subsidiaria de la más sustancial realidad del poder popular -y de éste como eventualmente escindido de las instituciones existentes-, dichas narraciones vieron en el golpe de Uriburu un punto de inflexión en la evolución de la democracia argentina, en tanto significó la interrupción de un proceso que había llevado al pueblo a los primeros planos de la vida pública. Aunque con diferencias en los distintos autores que componen esta vasta y variada corriente, la narración histórica construida por ellos tiende a encontrar en algunos momentos del siglo XIX (clásicamente: en el rosismo) una primera cristalización de la democracia popular, eclipsada luego por el liberalismo triunfador en Caseros, y felizmente reimplantada con el advenimiento de Yrigoyen a la presidencia en 1916. Fue esta experiencia de democracia popular acaudillada por Yrigoyen la que, según esta visión, se habría coartado en septiembre de 1930, cuando Uriburu y sus sucesores fraudulentos, representantes del “antipueblo” y la “oligarquía”, le arrebataron el poder al pueblo, con la finalidad de consumar la entrega del patrimonio nacional a las potencias extranjeras (objetivo éste que, a decir verdad, parece en muchos de estos críticos considerablemente más grave que la interrupción del proceso político en sí misma).

Se ha señalado que el revisionismo constituyó durante largo tiempo una suerte de sentido común de los argentinos3. Más allá de compartir o no esta idea, sí resulta cierto que, en lo que hace específicamente a los años treinta, el “gran público” se valió para entenderlos de claves interpretativas afines a la narrativa revisionista -sea esto por la influencia que los propios intelectuales revisionistas supieron alcanzar (que distó de ser menor en los años 60 y 70), o bien porque el más sólido y robusto movimiento de masas que hizo su aparición en el escenario político argentino del siglo XX construyó su identidad en oposición a lo acontecido en esa década, o bien (y esto es lo más probable) por una combinación de ambos factores, en la medida en que revisionismo y peronismo, como es largamente sabido, se retroalimentaron mutuamente en el período de la proscripción-. Independientemente de cuáles hayan sido sus causas, lo cierto es que, por mucho tiempo, la noción de que el golpe de 1930 significó un punto de inflexión, que dio inicio a una “década infame”, se mantuvo vigente.

A principios de los ochenta esta idea fue revisada y matizada, particularmente en lo que hace a la cuestión democrática. Al respecto, la intervención más notoria fue la que, en pleno proceso de transición (y con estrechos vínculos con el espíritu de esa época), realizó el grupo nucleado en el Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana (PEHESA), cuyas figuras más visibles fueron, para la etapa que aquí nos interesa, Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez4. Si bien ambos autores construyeron sus argumentos sobre la base de lo analizado en la ciudad de Buenos Aires, ellos sugirieron también la idea de que era posible a partir de esa experiencia caracterizar la escena nacional en esas décadas.

La intención de Gutiérrez y Romero de subrayar continuidades allí donde antes se había enfatizado un quiebre se torna ya visible en la opción de acudir al término “entreguerras” para analizar un período, que, iniciado en la década del diez, habría concluido recién con el surgimiento del peronismo. Resulta sumamente significativo que sea precisamente en lo atinente a la democracia donde Gutiérrez y Romero encuentren las continuidades que posibilitarían comprender a esas tres décadas y media en un mismo espacio temporal. ¿Significa esto que ellos desconocen la interrupción del orden institucional producida en septiembre de 1930 y la implantación luego de un régimen de legitimidad y legalidad cuestionables? De ningún modo: explícitamente, de hecho, hacen referencia a la “clausura política” sobrevenida con el golpe de estado setembrino. ¿Cómo se explica, entonces, el énfasis en una continuidad democrática?

Para responder a este interrogante, hay que tener en cuenta que estos autores tomaron como punto de partida un enfoque que explícitamente privilegiaba lo que ellos denominaron como dimensión “cultural” de los procesos políticos. En esta perspectiva, los hechos institucionales son relegados a un segundo plano, mientras la mirada se posa en el modo en que se forman y desarrollan las subjetividades políticas, en las cuales se tiende a ver un desarrollo en cierta medida específico y autónomo. Este enfoque, en efecto, postula una divergencia entre lo que sucede en el plano de las identidades y lo que acontece en el más visible e inestable escenario de la alta política. Si en este último las discontinuidades pueden (y, de hecho, tienden a) ser muy acentuadas, no pasa lo mismo con aquéllas, que reconocen un devenir más estable y paulatino en el tiempo.

En relación a la etapa que aquí estamos analizando, las consecuencias de esta perspectiva son muy profundas: Gutiérrez y Romero sugieren que si en 1930 efectivamente existió una clausura democrática en la política nacional, esto no implicó que se interrumpiera el más prolongado proceso de formación de una ciudadanía democrática, iniciado en las décadas del diez y del veinte, y profundizado (esto es: no “clausurado”) en los años treinta.

El proceso de formación de una ciudadanía democrática tiene, para estos autores, dos dimensiones diferentes. La primera de ellas alude a un plano sociológico (la expresión nos pertenece): es el resultado de la progresiva igualación de condiciones entre diferentes sectores sociales producida por fenómenos de larga o mediana duración, entre los cuales Gutiérrez y Romero destacan particularmente, para el caso de nuestro país, la argentinización de los inmigrantes y la difusión de la prosperidad posibilitada por el constante crecimiento económico. Ambos fenómenos arrojaron como resultado un proceso gradual y consistente de integración social, el cual permitió la participación de un mayor número de personas en la “zona de lo común” que caracteriza a toda sociedad. Así lo explican los autores:

“La población de la ciudad se argentiniza paulatinamente: al tiempo q se va disolviendo la masa de extranjeros no ciudadanos, pierden significación los elementos de agrupamiento étnico o nacional, como las asociaciones de colectividades, mutuales y demás, que habían sido muy importantes a principios de siglo. El crecimiento de la riqueza del país, y su especial concentración en Buenos Aires, provoca la difusión de la prosperidad entre la población, e impulsa una amplia movilidad, con el consiguiente efecto sobre las identidades sociales, que a principios de siglo habían estado fuertemente polarizadas. Crece también el conjunto de bienes, culturales y materiales, al que muchos pueden aspirar, y que constituyen en la sociedad una zona de lo común. De ese modo, y a diferencia de la etapa que culmina en 1910, la sociedad se constituye sobre una pauta que no es de segregación sino de integración.5”

La segunda dimensión se relaciona con el desarrollo de una cultura política, ligada fundamentalmente a instituciones barriales y sociedades de fomento, las cuales constituyeron “una experiencia directa y primaria de democracia”6. Esta cultura es política en tanto encuentra su razón de ser en la gestión de las cuestiones atinentes a la polis. Pero ésta - la polis - es entendida en su sentido más material: lo que las sociedades de fomento discuten no es tanto la mejor forma de gobierno, sino, en el marco de una ciudad que crece aceleradamente, cómo asegurar en los nuevos barrios la infraestructura básica para los vecinos. Su prioridad, su función, es la gestión. Como tales, no se definen adversativamente, sino colaborativamente7. La ciudadanía que emerge bajo su impronta conlleva, pues, un desdibujamiento de la polarización que había caracterizado a la sociedad porteña hasta el Centenario, cuando los conflictos se definieron en la esfera del trabajo. La nueva ciudadanía, que no se forma en la fábrica ni en la plaza pública, sino en el barrio – esto es: en el límite mismo entre lo privado y lo público –, no porta la huella del antagonismo. De aquí el énfasis en su silencio: promovió una transformación “callada”, lejos de la movilización y la politización, que, desplazadas del centro de la escena luego del Centenario, recién habrían retornado a mediados de los años treinta al calor de los acontecimientos internacionales.

Definido el proceso de construcción de ciudadanía en estos términos, se entiende por qué, para los autores, él no se clausuró con el golpe de estado de septiembre de 1930. Sucede que ninguna de esas dos dimensiones de la “ciudadanía democrática” pudo verse afectada por el cambio de régimen político que allí tuvo lugar: la integración social, tal como la entienden Gutiérrez y Romero, depende de cuestiones demográficas, sociales y económicas, y permanece, por lo tanto, relativamente independiente a la evolución política del país. En lo que hace a la ciudadanía entendida como gestión y construcción de una ciudad y protagonizada por las sociedades de fomento, Romero destaca que “cuando después de 1930 se clausuró la etapa democrática (…) estas sociedades fueron ‘nidos de la democracia’, donde estas prácticas se conformaron y donde se mantuvieron cuando las circunstancias generales obstaculizaban su existencia”8.

En definitiva: si en esta perspectiva puede encontrarse una continuidad de la democracia en la (ahora construida como “etapa”) “entreguerras”, es a condición de privilegiar en ella sus dimensiones sociales y culturales, y de relegar a un segundo plano la dimensión institucional (de esta manera, la escisión entre lo “popular” y lo “institucional”, que habíamos encontrado en la visión revisionista, hace aquí, reelaborada, su reaparición). Pero no sólo eso: se requiere además plantear entre ambas dimensiones una divergencia tal que una subjetividad democrática (a nivel micro) puede desarrollarse con autonomía e independencia de lo que sucede a escala global. La separación entre dos niveles, micro y macro, y el desarrollo paralelo y autónomo de ambos, es, entonces, el modo en que para Gutiérrez y Romero puede afirmarse, al mismo tiempo, la continuidad y la ruptura de los años 30 en relación a la cuestión democrática.

Paradójicamente, esta mirada societalista del historiador que haciendo énfasis en los cambios en la cultura política confiaba alberdianamente en el destino ulterior de esa semilla que crecía en la zona de lo común tenía lugar en un presente, el de los años 80, en que la transformación en las prácticas, actitudes y creencias (es decir, en la cultura política), aparecía como un eje central de la agenda de la transición. Un proceso, claro está, que luego de los años de represión dictatorial, acentuaba un énfasis en el liberalismo político a través de la idea de Derechos Humanos y desconfiaba de la concentración del poder por parte del aparato estatal. Ahora bien, la similitud que deparaba este anacronismo acababa allí: en los años 80, el cambio institucional y la democracia política eran una realidad. Era esta nueva realidad democrática la que buscaba afianzarse echando raíces sociales bajo la potenciación que su propia impronta imprimía y no se trataba ya, como en aquella reconstrucción retrospectiva de los años 30, de la rehabilitación de un paradigma evolucionista que concibe a lo micro como la simiente de lo macro, a lo social como la cuna de los político.

En el caso argentino se advierte una fuerte imbricación de la relación del discurso político y los usos de la historia, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Leer el pasado en función de las necesidades del presente político para intentar legitimar los posicionamientos en las distintas coyunturas ha sido un recurso de diversos sectores. La labor de los publicistas del revisionismo histórico, en su vertiente nacionalista tradicional o plebeya, ha llevado hasta el paroxismo este sesgo. Pero los conflictos políticos del presente no solo alumbran la labor de los publicistas políticos. Una parte de la historia académica, cuidadosa de sus métodos, ha orientado como en diversas latitudes sus agendas de investigación en función de los sesgos de la coyuntura, dando lugar a interpretaciones que guardan singular afinidad con los posicionamientos políticos de la época. Así, cuando una crítica que se proclamaba como republicana comenzó a cuestionar ciertos excesos del decisionismo mayoritario en nuestro sistema político, la dimensión correspondiente a la soberanía popular de esos complejos híbridos de democracia, republicanismo y liberalismo que constituyen la democracia liberal, tendió a perder centralidad en la atención de una parte de la historia profesional.

Recientemente Luciano de Privitellio elaboró lo que podríamos mencionar como tercera perspectiva sobre la etapa abierta con el golpe de estado del 6 de septiembre. En consonancia con Gutiérrez y Romero – de quienes, de hecho, toma la periodización – de Privitellio también considera pertinente hablar de “entreguerras” para referirse al período comprendido entre la década del diez y el peronismo. En esos treinta y cinco años de vida pública argentina, de Privitellio percibe una continuidad, la cual, también para él, se relaciona con la cuestión de la democracia. Pero – he aquí la novedad – esa continuidad guarda en su argumento relación, no con la dimensión social y cultural de dicha cuestión, sino con la propiamente política. El autor no desconoce el fraude electoral implementado en los treinta, ni niega la cuestionable legitimidad de origen de los gobiernos posteriores a la revolución de septiembre. Pero considera que eso no empezó con Uriburu ni con Justo: lejos de ello, de Privitellio sostiene que las irregularidades de toda naturaleza cometidas en los actos comiciales fueron moneda corriente durante los gobiernos radicales – los cuales, por su parte, continuaron con las prácticas venales vigentes antes de la Ley Sáenz Peña9. Al proyectar hacia un remoto pasado los orígenes del fraude, de Privitellio parecería negar la gravedad institucional que éste adquirió en los años de la república imposible (o bien, mirado a la inversa, podría decirse que le otorga mayor gravedad institucional a las irregularidades cometidas bajo el radicalismo en el poder). En cualquier caso, lo cierto es que la continuidad que de Privitellio encuentra vigente en el período de “entreguerras”, es la de una democracia defectuosa y deficitaria.

De la somera reconstrucción bibliográfica que hemos realizado se desprenden tres imágenes diferentes de la relación que el golpe de estado setembrino guardó con el devenir democrático del país. Es momento ahora de asentar nuestra propia postura al respecto. Podemos empezar adelantando la conclusión: como Gutiérrez y Romero, nosotros también creemos productivo analizar el proceso abierto en 1930 en términos de continuidad y cambio. Pero no nos resulta adecuada la distinción entre dos niveles de la política que ellos postulan – uno de los cuales sería portador del cambio y el otro de ciertas persistencias. Por esto, si hubo continuidad en la democracia, ha de buscársela en otro lugar que el de alguna instancia micro en la que ella permaneció a salvo o “anidó” en espera de tiempos propicios. Pero dicha continuidad no descansa tampoco en una instancia macro referida a una democracia de por sí defectuosa: sostenemos, de hecho, que el régimen de los años treinta representó una profunda ruptura respecto al período de gobiernos radicales, tanto por las restricciones impuestas a la competencia electoral o el desconocimiento de sus resultados (anulación de la elección bonaerense y proscripción de Alvear en las elecciones de 1931), como por la escala del fraude que se aplicó tras el retorno de la UCR a las urnas, y, sobre todo, por lo que a través de ese fraude masivo y sistemático se buscó alcanzar (volveremos más adelante sobre esto).

Para abordar esta cuestión, quizá sea pertinente comenzar haciendo referencia a la democratización que tuvo lugar en la década del diez, porque son los procesos que allí se desencadenaron los que siguieron actuando por largo tiempo en sus efectos, sobredeterminando un sinnúmero de fenómenos que quedarán inscritos bajo su lógica, más allá de la voluntad de los actores por integrarse o substraerse a ellos. Volvamos entonces, un momento, a Gutiérrez y Romero: cuando pensaron la formación de una ciudadanía democrática, lo dijimos, ellos la ligaron a un proceso gradual de integración social (causado por fenómenos demográficos, económicos y sociales) y al desarrollo de una cultura política (promovida por las sociedades de fomento). Ambos fenómenos redundaron en la creación de una identidad democrática no antagónica, emergida desde abajo, desde los barrios, en los bordes de lo doméstico.

Hay algo central en este modo de pensar la integración a la ciudadanía: en la elaboración de Gutiérrez y Romero, ella está dada sobre todo por su carácter cuantitativo. En última instancia, para los autores, hay democratización porque un mayor número de ciudadanos pudieron acceder a los bienes culturales y materiales que constituyen en la sociedad una “zona de lo común”. Es por esto que el proceso es visto como gradual: a medida que los inmigrantes se argentinizan y ascienden en la aventura de la movilidad social, se ciudadanizan. De este modo, eso común a lo que los nuevos ciudadanos se integran no se ve nunca trastocado: la lógica que lo rige sigue funcionando siempre igual, sólo que con un número paulatinamente creciente de participantes. La democratización, por lo tanto, en esta perspectiva, no implica una puesta en cuestión de esa “zona de lo común” de la comunidad: no conlleva un cuestionamiento de las cualidades y capacidades que hay que tener para formar parte de ella, ni, por lo tanto, de las jerarquías que la estructuran10.

Dos cuestiones surgen aquí para analizar. La primera, de índole teórica, se relaciona con la definición de democratización: ¿sólo entendemos por ella un proceso de naturaleza cuantitativa, o bien suponemos que existe allí implicado algo del orden de lo cualitativo? La segunda, de índole histórica, remite a lo sucedido en Argentina en los años diez: la ampliación del número de participantes en la esfera pública producida en ese momento, ¿redundó en un cambio de su lógica de funcionamiento? Detengámonos en estas dos variables, que serán la médula de nuestra argumentación sobre lo que, desde nuestra perspectiva, sucedió con la democracia en los años treinta.

En la democratización, tal como nosotros la entendemos11, la dimensión cuantitativa no deja de ser relevante, en tanto allí efectivamente se pone en juego una ampliación de la esfera de la representación. Pero no se agota en ella. La democratización supone también una interpelación a lo excluido, un intento por traer hacia dentro de la polis a quienes permanecían fuera de ella. Constituye, en esa medida, una ruptura de la institucionalidad vigente, en tanto plantea un conflicto por la inclusión dentro de esa institucionalidad de una parte que no tenía espacio dentro de ella (o bien, que tenía un espacio subalterno), y que, al ser traída al centro de la escena, necesariamente conlleva un cuestionamiento de la distribución de lugares hasta entonces existente. Se trata, en definitiva, de un proceso sociopolítico expansivo de homogeneización y reconocimiento de capacidades y derechos.

Creemos que en la Argentina de las décadas del diez y del veinte puede encontrarse un proceso de estas características. Se puede dar cuenta de él desde múltiples ángulos y perspectivas. La misma cuestión de la cultura política barrial que Gutiérrez y Romero analizaron, enfocada desde un punto de vista parcialmente diferente, también es susceptible de arrojar muestras de un cambio cualitativo suscitado hacia la segunda mitad de los años diez. El estudio de Adrián Gorelik sobre las transformaciones experimentadas por el espacio público en la Buenos Aires de principios de siglo así lo deja ver.

En La grilla y el parque Gorelik analiza el proceso de formación de los barrios porteños, principalmente de aquellos que surgieron hacia el oeste de la ciudad, en los territorios antes pertenecientes a los municipios de Flores y Belgrano. En la primera década del siglo XX ese suburbio experimentó una transformación fundamental, no sólo por el crecimiento poblacional que en él tuvo lugar, sino también por la integración de los vecinos (y vecindarios) en una unidad mayor: el barrio. Éste no debe entenderse como el resultado natural e inmediato de la expansión cuantitativa de la ciudad sobre la pampa. La expansión, dice Gorelik, produce vecindarios, donde hay relaciones inmediatas, privadas. El barrio es su reconversión pública, “la producción, sobre la expansión cuantitativa de los sectores populares al suburbio, de un territorio identitario, un dispositivo cultural mucho más complejo en el que participa un cúmulo de actores y de instituciones públicas y privadas”12. Pese a que hacia el Centenario los barrios ya se habían conformado y consolidado, ellos no encontraron un reconocimiento público. La ciudad tradicional los siguió viendo como meros suburbios, que no estaban destinados a afectarla en nada significativo. Es esto lo que se modifica hacia mediados de la década. Señala el autor:

“En el mismo momento en que el barrio va adquiriendo su perfil más pleno como espacio público local, se produce el salto casi abrupto desde su formación silenciosa y su lugar subalterno a la publicidad más rotunda y diversificada. En muy poco tiempo, entre los últimos años diez y los primeros años veinte, el suburbio avanza sobre el centro, ocupando rápidamente las principales atenciones políticas, culturales y urbanísticas; ya no las abandonará, hasta que quede claro que el crecimiento urbano no había sido un fenómeno independiente de las cualidades de la ciudad tradicional, sino que las había afectado al punto de disolver su propio sentido, replanteando las bases mismas sobre las que hasta entonces se había considerado el espacio público […]

El primer ámbito de producción cultural del barrio suburbano como problema metropolitano es el político. Desde la reforma electoral que lleva a Hipólito Yrigoyen a la presidencia comienza a discutirse la necesidad de una reforma democratizadora de la ciudad […] [E]l sufragio censitario representaba el espacio público tradicional, el centro modernizado con su tradicional ciudadanía de propietarios y su correspondiente urbanística de ostentación; por lógica oposición, la ampliación democrática debería atender las aspiraciones postergadas de la otra ciudad, el suburbio, permitiendo que sus nuevas voces se escucharan, ciudadanizándolas.”13

Que el barrio deje su lugar subalterno y avance hacia el centro, replanteando con ese movimiento las bases mismas del espacio público, es un aspecto de lo que nosotros entendemos por democratización (a ésta, en efecto, la habíamos definido como el proceso a través del cual se trae hacia dentro de la polis a aquello que estaba en sus periferias o márgenes, quebrando así la institucionalidad vigente). Son las cualidades de la “ciudad tradicional” las que se ponen en entredicho hacia mediados de los años diez. Y es por eso que se puede afirmar que allí tuvo lugar un profundo proceso de democratización, que introdujo un cambio cualitativo en el modo en que se encontraba estructurada la comunidad. Creemos, en efecto, que el análisis de Gorelik puede hacerse extensivo a otras dimensiones de la vida pública. La ampliación democrática produjo el quiebre del espacio público tradicional, permitiendo que nuevas voces sean escuchadas, “ciudadanizándolas”. Aquello que no pertenecía plenamente a la ciudad, que estaba en sus márgenes, pasa entonces a formar parte constitutiva de ella.

En ese replanteo de las bases comunitarias no puede subestimarse el rol que desempeñaron las distintas fuerzas políticas, y principalmente aquella que hegemonizará el nuevo escenario político. Como se recordará, el origen del radicalismo argentino está íntimamente vinculado a un movimiento más general que planteó la necesidad del sufragio libre, esto es, sin la existencia de fraudes ni coerciones14. El sufragio, formalmente universal para los argentinos mayores de 18 años, al ser voluntario y sobre la base de un precario sistema de empadronamiento, redundaba en una menguada y no garantida asistencia a los comicios antes de la reforma electoral de 1912. Correspondió a un vocero del ala reformista del régimen gobernante expresar con claridad cómo el camino del voto universal masculino, secreto y obligatorio sobre la base del padrón militar permanente aparecía como la única garantía para asegurar el sufragio libre. Dijo el ministro Indalecio Gómez ante la Cámara de Diputados de la Nación en ocasión de discutirse el paquete de leyes de la reforma:

“En nuestras elecciones los votos que se han presentado han sido entre ciento cincuenta mil y ciento ochenta mil. Nada más. Dada esa pequeña masa de votantes, la corrupción de unos pocos miles de votos es eficaz; pero si el cuerpo electoral fuese de seiscientos mil, si fuese de quinientos mil electores, ya un porcentaje reducido de votos malos, de mala calidad, tendría muy poca influencia en el resultado final.”15

Si bien la historiografía ha resaltado que en virtud de las exclusiones habituales de menores, mujeres y extranjeros, la participación electoral siempre se mantuvo por debajo del 10 % de la población16, no debe pasarse por alto que las estimaciones de Gómez resultaron acertadas, pasándose de un total de 199 000 votantes en las elecciones presidenciales de 1910 a 684 379 votantes en las legislativas de 1912. Independientemente de las polémicas que se suscitaron alrededor del papel del radicalismo en ese proceso reformista (nulo o marginal para algunos; gravitante para otros), lo cierto es que buena parte de la historiografía ha tendido a leer el proceso en términos de una continuidad evolutiva marcada por luchas alrededor de la expansión de la ciudadanía política, que iniciadas en las postrimerías del siglo XIX se coronan en la década del Centenario. Esta mirada soslaya la profunda transformación que va dándose en el radicalismo liderado por Yrigoyen en la segunda mitad de la primera década del siglo y que consideramos tan crucial como poco explorada en profundidad por los estudios históricos.

Recordemos que en el Manifiesto Revolucionario de 1905, producto presumible de la pluma de Yrigoyen, el origen de los males del país se databa en 1880, esbozándose una añoranza por la competencia entre élites tan característica de los años 60 y 70 del siglo XIX que tan importante papel cumplió en los alzamientos cívicos de los 90. El Yrigoyen que se reúne con el presidente Figueroa Alcorta en 1907 y 1908 es, en cambio, el que sostiene “no he conocido ningún gobierno de naturaleza constitucional en la República”. Ya no hay un paraíso perdido pocas décadas antes sino un extravío que se hunde en los años posteriores a la emancipación. Es así como Yrigoyen podrá construir un fuerte efecto de frontera política entre una UCR identificada con la Nación toda, marginada de la representación por el pisoteo sistemático de la letra constitucional – de una parte – y un régimen al que se considera una pura máscara irrepresentativa sin arraigo en la opinión. Es por ello que en la UCR cabían para Yrigoyen todas las opiniones y su programa no era otro que la Constitución Nacional17.

A través de esa fuerte escisión entre una Causa de la nación contra un régimen irrepresentativo, Yrigoyen va inscribiendo en su propio espacio cualquier impugnación al orden vigente en un efecto magnificado por la abstención radical en los comicios; al punto que la baja participación habitual podía inscribirse como el rechazo de la nación al orden vigente. Es así que, junto al despliegue en el reformismo conservador de un discurso que en clave eminentemente liberal buscaba garantizar el sufragio a todos los habitantes a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, va naciendo otro discurso, también homogeneizador del espacio político, pero que da lugar a una gramática eminentemente democrática, que hace hincapié en derechos colectivos cercenados18. Esa nueva gramática que hace hincapié en la soberanía popular como derecho colectivo conculcado y que años más tarde hablará de un “mandato plebiscitario del pueblo argentino” irá conformando una impronta unanimista de la voluntad nacional bastante distinta a aquella estudiada por Hilda Sábato para el periodo que siguió a Caseros19. La misma se ve ahora notoriamente potenciada por ese efecto centrípeto que se ha visto fortalecido por la narrativa de una voluntad subyacente que era artificialmente impedida de alcanzar la representación y que pasa a expresarse arrolladoramente al ser removidos los obstáculos a su expresión pública.

Al erigir una frontera de oposición hacia el régimen, la nueva ciudadanía democrática que se constituyó bajo su impronta llevó las marcas de un fuerte antagonismo. Éste no es por lo tanto, desde nuestra perspectiva, extrínseco sino intrínseco al proceso de ciudadanización. Consideramos, sin embargo, que Gutiérrez y Romero no están del todo equivocados cuando tienden a ver, en la Argentina de ese momento, una democratización no antagónica. O bien, para decirlo con mayor precisión: creemos que podemos entender las razones por las cuales ellos conciben el proceso de ese modo. Y aquí se encuentra algo clave del argumento que queremos plantear: Yrigoyen y la experiencia política que llevó su sello construyeron de un modo muy peculiar el antagonismo. Detengámonos un momento en esto.

La democratización, por la ampliación de la esfera política que supone, pero sobre todo por el desafío a la institucionalidad vigente que trae consigo, suele redundar en una intensificación de las identidades, es decir, en una suerte de desparticularización de las diferencias internas del espacio de representación. Esto es: no puede traerse al centro de la escena a quienes ocupaban sus márgenes sin cuestionar el lugar de quienes ocupaban hasta entonces el centro, y sin, por lo tanto, interrogar los criterios de distribución de lugares. La magnitud de este desafío implica operar una fuerte identificación con la parte que se pretende incluir, impugnando al mismo tiempo la legitimidad del ordenamiento que dejaba aparte a esa parte. Es por esto que, en toda democratización, las identidades tienden a intensificarse. De aquí que el antagonismo constituya una dimensión intrínseca a este tipo de experiencias.

Ahora bien, ese antagonismo no es algo esencial que permanece idéntico e inalterado en las distintas experiencias. Que los procesos de democratización suelan traer consigo antagonismo no nos dice nada respecto a cómo éste se construye, se gestiona y se procesa. Pueden existir, al respecto, variadas alternativas. El yrigoyenismo tuvo un rasgo peculiar en este sentido: no identificó a un actor concreto con el “otro” que amenazaba la “Reparación” institucional por él encarnada. Siguiendo una tradición que se remonta a los orígenes de la UCR, la alteridad fue depositada en un “Régimen” que, por su carácter difuso, era difícil de asimilar con alguien que formara parte de la escena política o social del país. La dimensión temporal resultaba, en esa gramática, mucho más importante: la frontera se construyó primordialmente, en efecto, respecto al pasado. En el tiempo presente, lo dominante era la aspiración a una representación global de la comunidad. Ciertamente, como en todo populismo, también en el yrigoyenismo estuvo presente la tensión entre la parte y el todo. Pero lo que es distintivo de esta experiencia es la impersonalización del adversario, que dejaba canales muy amplios de regeneración del “otro”; donde el político venal del ayer, podía convertirse en el ciudadano virtuoso del mañana, abriendo entonces las propias filas de la UCR para albergar a los hasta ayer personeros de un Régimen repudiado. El antagonismo es entonces expulsado a los bordes de la comunidad, no proyectado en su interior (de aquí que Gutiérrez y Romero puedan pensar al proceso como “libre” de antagonismo).

En la aspiración del yrigoyenismo por representar globalmente a la comunidad se ha tendido a ver, como expresamos ya, la presencia de un “unanimismo”, y se han señalado las continuidades que él habría guardado a este respecto con el ideario liberal decimonónico20. Pero, si es cierto que existe en Yrigoyen una visión de la comunidad como esencialmente “una”, y por ello irreductible a divisiones y escisiones (todas las cuales estarían revestidas de rasgos ficticios y, por ende, provisorios), creemos que existe algo que distingue al yrigoyenismo de aquél ideario: su unanimismo lleva las marcas de la democratización. Si, entonces, el yrigoyenismo y el liberalismo decimonónico comparten la invocación a “un pueblo”, el pueblo que se invoca en cada caso no es el mismo. Lo que es específico del “pueblo” yrigoyenista es la pretensión de introducir en la comunidad a los portadores de una voluntad que se creía silenciada hasta entonces y de la que la ampliación en el número de los sufragantes efectivos era tan solo su marca superficial. La idea de una voluntad popular accediendo al ejercicio real de la soberanía habría de transformar profundamente los imaginarios políticos del país.

La combinación de democratización y unanimismo es, potencialmente, riesgosa para la democracia y la convivencia pluralista: mientras la primera conlleva una dosis de beligerancia hacia quienes en el pasado habían detentado posiciones de privilegio y medrado con la injusticia, el segundo tiende a concebir como ilegítima toda división que se produzca en el seno de lo social. Si con Yrigoyen la tensión de esta combinación nunca fue explosiva, ello se debió al privilegio de la dimensión temporal en la construcción de su frontera, y a la no identificación de la alteridad con un actor político o social concreto. Ambos elementos, como dijimos, hicieron que el antagonismo no se proyectara hacia los pliegues internos de la comunidad, sino hacia sus confines.

Es precisamente esto lo que se pone en tela de juicio en septiembre de 1930. Lo que allí tiene lugar es la imposición desde el estado de una exclusión que carga con la fuerza de la democratización, y que, a la postre, opera hacia el interior de la comunidad. A quien desde el estado se excluye es – ahora sí – a un actor concreto, a la sazón el más gravitante del escenario político del país -nos referimos, desde luego, al personalismo-. Para operar esa exclusión, que en el principal referente del movimiento golpista lleva la bandera de la antidemocracia, no deja de acudirse a los modos de hacer política que son propios de un escenario ya democratizado. Ésta es, creemos, la radical novedad que introduce el golpe de estado setembrino.

Dos ejemplos pueden servirnos para ilustrar este punto. El primero se relaciona con el modo en que se conformó una corriente de opinión favorable al golpe de estado. Demasiado a menudo se ha señalado, al respecto, el giro drástico que significó para el diario de Botana haber apoyado la campaña del personalismo en 1928 para luego plegarse al movimiento civil y militar que exigiría su desplazamiento del gobierno en 1930. En contrapartida, creemos que no se ha insistido lo suficiente en todo lo que el uriburismo debió ceder al plegarse a Crítica en su campaña de difamación del personalismo y de promoción de la “Revolución”. Al dar ese paso, los sectores reaccionarios que hasta ayer habían definido a la hoja de Botana como “el órgano oficial del hampa”21 vinieron a reconocer, implícitamente, cuán incongruente resultaba valerse de medios que habían proliferado en la era de la democracia de masas para alcanzar el objetivo de restaurar los modos de hacer política vigentes antes del advenimiento de la democracia de masas. En otras palabras: para promover la crítica a la democracia, ahora había que valerse de mecanismos democráticos. El segundo ejemplo también es previsible: cuando Uriburu y su ministro del interior, Marcelo Sánchez Sorondo, quisieron institucionalizar la revolución a través de una reforma constitucional, empezaron por realizar un llamado a conformar el Poder Legislativo nacional y los poderes ejecutivos de las provincias intervenidas mediante una convocatoria a comicios regidos por la Ley Sáenz Peña. Las elecciones del 5 de abril de 1931 en Buenos Aires debían ser el primer paso para una renovación general de autoridades nacionales y provinciales que, se esperaba, decantarían en la conformación de una mayoría favorable al gobierno de una minoría. En otras palabras: para promover el reemplazo de la democracia, ahora había que valerse de mecanismos democráticos.

Sabemos que ambas tentativas terminaron en fracasos rotundos22. Pero eso es menos importante que la constatación de una lógica que se impone más allá de la voluntad de los actores por integrarse o substraerse a ella. Esa lógica, que sobredetermina diferentes procesos, es la que puede reconocerse como continuidad en 1930. Es una lógica que es democrática no porque tenga una vocación necesariamente inclusiva (de hecho, en el caso del uriburismo, es claro que tiene una vocación excluyente), sino porque, independientemente de los fines que los diferentes actores persigan, para llevarlos a cabo deben tener en cuenta la inclusión ya operada por la democratización política. Es en ese escenario en el que los distintos sectores se mueven y juegan la partida.

Ahora bien: una exclusión que se opera sobre la base de una previa inclusión tiene caracteres que le son específicos. El principal de ellos es el de estar revestida de dosis más altas de beligerancia. El caso del uriburismo es por demás ilustrativo de ello. Pero, nuevamente, esto no es algo que se agote en un actor específico del escenario político. No deja de ser sugestivo que los treinta sean también los años en que resurgió la violencia política: los movimientos insurreccionales experimentaron en ese momento un reverdecer, y adquirieron en algunos momentos caracteres bastante amplios. En particular, los movimientos insurreccionales liderados por militares opuestos al liderazgo de Justo en las fuerzas armadas y con vínculos con sectores del radicalismo supieron atraer a un número no desdeñable de dirigentes de este partido23.

Pero sería erróneo restringir esa beligerancia a estos dos actores, el uriburismo y los movimientos armados radicales. Si nos detuviésemos sólo en ellos quedaría la imagen de una violencia que, por extrema, resulta también periférica. Para nosotros, tiene mucha mayor relevancia el hecho de que sea el mismo régimen institucional restaurado en 1932 el que internaliza el principio de exclusión del personalismo. Esto es: la extrema beligerancia que trajo consigo la revolución de septiembre no culminó con el reemplazo de Uriburu por Justo. De hecho, la primera promesa de Justo será precisamente la de llevar a cabo el principal objetivo de la revolución, entendido como la construcción de un orden que no cuente al personalismo como una parte legítima de la comunidad. Son poco conocidos los discursos de campaña de Justo, pronunciados en octubre y noviembre de 1931, y es difícil escapar a la tentación de reproducirlos aquí. Quedémonos con algunos extractos que den cuenta de lo que queremos plantear. Ante la convención de la Unión Cívica Radical Antipersonalista -partido que junto con el conservadurismo y el socialismo independiente había promovido su candidatura a la presidencia-, Justo afirmó:

“La revolución del 6 de septiembre puso término a una situación ominosa para el país. No hay para qué recordar lo que significó ese régimen político. El país lo sabe y lo comprendió bien cuando en un movimiento unánime de la conciencia pública pronunció su repudio absoluto contra el personalismo, que nadie sostuvo sino en la sombra […]. El país no quiere, no puede querer que eso renazca jamás. Es decir, quiere que el gobierno que surja de las urnas no signifique el absolutismo de un hombre y sí el equilibrio de los poderes, el respeto de todos los derechos […]. Además, es necesario, es indeclinable, que el futuro gobierno concluya para siempre con los odios y los rencores. Una política de paz, de tranquilidad, de fraternidad, que tienda a atenuar si no a eliminar las desigualdades sociales, será la única que podrá hacer el bien. Pasado el período revolucionario con la instalación del gobierno constitucional, le tocará a éste la tarea hermosa y ardua a un tiempo mismo de realizar la reconstrucción institucional. Deberá hacerla con los más aptos, con los más capaces, sin más exclusiones que las que imponga la diferencia de las ideas.”24

Justo inaugura el tiempo de la reconstrucción institucional convocando a la paz y a la concordia. Pero esa inauguración y esa convocatoria no se realizan desde una postura de “vencedores ni vencidos”. La paz que reivindica es, inequívocamente, la de los vencedores (vencedores, claro está, de la batalla de septiembre). El cambio que la revolución trajo consigo (el desplazamiento del personalismo, el cual se espera que no “renazca jamás”) se considera el punto de partida del nuevo estado de cosas. La reconstrucción institucional debe realizarse entonces tomando primordialmente en cuenta ese dato.

Con Justo, de tal modo, el antagonismo continúa proyectándose desde el seno del poder central hacia el interior del cuerpo político. Por este motivo, nos resultan inadecuadas las lecturas del período que tienden a ver el surgimiento de la polarización política recién hacia mediados de la década del treinta, y que conciben a esa polarización como causada, en dosis simétricas, por procesos internos y externos25. Desde nuestra perspectiva, la Argentina no “importó” el antagonismo, ni éste tuvo su origen en acontecimientos aislados difíciles de especificar – como el congreso eucarístico o la celebración del primero de mayo de 1936. Por el contrario, lo desarrolló a partir de parámetros específicamente propios, y en relación a problemáticas que, si se vieron en algún momento potenciadas por eventos externos, no dejaron nunca de responder a tensiones estructurales generadas por su propia de dinámica de funcionamiento.

Por ese mismo motivo (esto es: porque el antagonismo continuó desde 1932 proyectándose desde el poder central hacia el interior del cuerpo político), tampoco creemos válida la postura de quienes, ciñéndose a diversas irregularidades cometidas en actos comiciales bajo Yrigoyen y Justo, hablan, para los años 20 y 30, de la continuidad de una democracia defectuosa. No es sólo que en la década del 30 el fraude adquirió caracteres sistemáticos y planificados. Previo a ello (cronológica pero también lógicamente), existió la voluntad, de parte de los principales responsables de llevar a cabo el reordenamiento institucional de 1932, de excluir de ese proceso al actor político más gravitante del escenario local. Es esto lo que permite situar a Justo en continuidad con Uriburu, y a ambos en ruptura frente al período previo al 6 de septiembre. Podemos acordar en la gravedad institucional que adquirieron algunos acontecimientos de fraude ocurridos en la etapa de gobiernos radicales, y podemos también reconocer que la violencia siguió presente en algunas de las elecciones celebradas bajo las presidencias de Yrigoyen y Alvear. Pero nos parece equivocado tomar estos elementos como base para postular la vigencia, antes y después del 30, de una democracia defectuosa. Y no se trata sólo, repetimos, de que el fraude asume otra escala en los gobiernos que quisieron institucionalizar el legado de la revolución de septiembre. Se trata, sobre todo, de la vocación explícita de exclusión que subyace y precede (de nuevo: lógica y cronológicamente) a ese cambio de escala.

Pero quizá sea preciso introducir algunos matices en el cuadro que acabamos de trazar. Si nos quedáramos sólo en esos aspectos (esto es: Justo en continuidad con Uriburu, en tanto ambos estuvieron guiados por una misma vocación excluyente), no estaríamos muy lejos de la postura que criticamos en los revisionistas plebeyos, quienes, como vimos en las primeras páginas de este trabajo, postularon la vigencia, para todos los años 30, de un régimen dictatorial que no hizo lugar a la participación de las grandes masas en los asuntos del poder. ¿Es esto realmente así?

Bien mirada, la experiencia uriburista resultó, en más de un sentido, única: surgió de un golpe de estado, suspendió las garantías constitucionales, y gobernó al margen de la ley. Se propuso además un objetivo tan ambicioso como desproporcionado: no sólo borrar al personalismo de la faz pública, sino también erradicar las condiciones que hicieron posible que un fenómeno de esa naturaleza pudiese tener lugar en nuestro país. La ley Sáenz Peña, la reforma universitaria, el mayor peso de la mujer en la vida pública, las leyes en favor de los trabajadores, eran, para el uriburismo, elementos que contribuían al desorden, y que favorecían por ello la implantación de la demagogia.

Aquí puede encontrarse entonces una diferencia de peso: cuando Uriburu mentaba “personalismo”, aludía al partido político que reconocía en Yrigoyen a su líder, pero también a ese vasto universo que había hecho posible la elevación del caudillo radical a los máximos puestos de responsabilidad pública. Todo eso debía ser desplazado de la esfera política y social. Sin muchas reservas, Uriburu pretendía excluir al medio país que en sucesivas oportunidades se había manifestado afín a Yrigoyen, y también a la porción de la sociedad que, aunque quizá no se identificó nunca con él, “hacía sistema” con su coronación pública. La guerra que Uriburu llevó adelante no fue por lo tanto contra un simple partido político (aunque tomara a éste como principal flanco de ataque). El general en el poder configuró un enemigo más amplio y difuso, al cual quiso vencer a través de una guerra estatal, prolongada, generalizada y permanente.

Justo, lo hemos dicho, prosiguió desde la presidencia la guerra contra el personalismo. Pero sería un error señalar la continuidad de la exclusión sin paralelamente apuntar la mutación que se produjo en el carácter que con Justo asumió esa exclusión. Llegamos así a una cuestión medular, referida al estatuto que adquiere el límite político en el régimen restaurado en 1932. Podemos empezar a adentrarnos en esta cuestión a partir de un comentario crítico hacia Justo realizado por el periódico Noticias Gráficas. Cuando se dio a conocer la coalición de partidos que apoyó su candidatura, dicho jornal señaló:

 “La misma extraña posición política del general Justo acusa su carácter militar. De militar absurdamente metido en la política, es su prescindencia respecto de todas las tendencias partidistas. El General se siente cómodo en la convención del Partido Demócrata Nacional y en el Congreso Socialista Independiente. Abraza con el mismo entusiasmo al fosco doctor Matienzo, quintaesencia ultrarradical, y al doctor Julio Roca, flor del viejo conservadurismo. ‘No tengo prejuicios de clase, no tengo odios ni rencores’, dijo. Pudo agregar: ‘Ni ideas políticas definidas’. Parece dirigirse a todos los partidos con esta tentadora invitación: ‘voten ustedes mi nombre, sean quienes sean, y yo estaré con ustedes.”26

Más allá de caer en el lugar común de cuestionar a un candidato por su supuesta falta de sinceridad y de ideas, lo que este comentario señala con sagacidad es la relación que existe entre el “carácter militar” de Justo y su “prescindencia respecto de todas las tendencias partidistas”. El hecho de ser aclamado por diferentes partidos políticos le permite a Justo, en efecto, algo sumamente valioso: prescindir, precisamente, de partido. No es entonces representando a una parte que Justo se inmiscuye en política. Esto, como señala con precisión el editorialista, es lo que acusa su “carácter militar”, en tanto los uniformados, por el mismo lugar que ocupan en la estructura institucional, tienden a concebirse como garantes del orden y del interés general antes que como representantes de una parcialidad. Ahora bien: tal como el mismo comentario crítico de Noticias Gráficas lo señala, la posición de Justo no es la de quien se sitúa por encima de las partes y recusa a éstas su legitimidad. Por el contrario, Justo asiste a las convenciones de los distintos partidos (en las cuales, subraya sugestivamente el cronista, “se siente cómodo”), escucha a los dirigentes políticos, y les dice que los acompañará (“yo estaré con ustedes”). La “extraña posición” que Justo asume es, en consecuencia, la de quien es al mismo tiempo un militar y un civil. La de quien pretende estar simultáneamente en el interior y en el exterior comunitario, en su cúspide y en su base, en el todo y en las partes. La de quien, en definitiva, siendo militar y conservando su ethos castrense, pretende ser también un dirigente político en la Argentina de la democracia de masas.

En este punto, el contraste con su antecesor no podía ser más acentuado. Uriburu, lo señalamos, dirigía una recusación global a la democracia a la que dio paso la Ley Sáenz Peña. Justo, en cambio, no sólo se abstiene de cuestionar el régimen político vigente desde 1912, sino que intenta introducirse en ese marco ciertamente maltrecho por los embates sufridos a lo largo de más de un año de gobierno dictatorial, pero formalmente de nuevo en pie.

Quizá sea necesario insistir en esto, porque demasiado a menudo el énfasis en el fraude ha conducido a pasar por alto el esfuerzo proselitista de Justo, y todo lo que él tenía de proyecto político. Probablemente Miguel Ángel Cárcano no exagerara demasiado cuando, tres días antes de la elección del 8 de noviembre de 1931, le decía en misiva privada a Justo como balance de la campaña recién finalizada: “[e]s la primera vez en nuestra historia electoral que un candidato presidencial realiza el extraordinario esfuerzo de recorrer todo el país, iniciando una práctica tradicional en la democracia norteamericana”27. En octubre y noviembre de ese año, Justo realizó tres giras por el interior del país. Visitó las capitales de cada provincia, y algunas ciudades menos populosas. Habló en teatros, esquinas y plazas, en reuniones partidarias y en asambleas de ciudadanos “independientes”. También se ocupó de hablarles a grupos específicos de la sociedad. A las mujeres (consideradas entonces un “sector” diferenciado) se dirigió para prometer “la extensión del sufragio al sexo femenino, medida que tiende a establecer la igualdad política de los sexos, a semejanza de lo ya hecho en el orden jurídico y de lo que se hará quizá mañana en el orden social, abandonando así un prejuicio que tan hondamente ha gravitado en la vida de los pueblos”28. A los universitarios Justo les garantizó que “la experiencia recogida en los últimos quince años permitirá dar a la reforma caracteres de estabilidad”. También los trabajadores estuvieron presentes en su discurso. Frente a los radicales antipersonalistas, Justo señaló: “hemos previsto en nuestro programa todo lo que exige la justicia social en favor de las masas trabajadoras, sobre las que se asienta la verdadera grandeza de la República”29. Pero no sólo mencionó a los obreros en convenciones de partidos de notables. Justo visitó barrios populares para acercarles a ellos mismos su mensaje. En un acto organizado en La Boca, ante trabajadores navieros, afirmó:

“He de considerar el amparo en su vejez y para cuando se inhabilite para el trabajo, de esta población portuaria, procurando, como estricta exigencia de justicia social, que, al igual que otros gremios, puedan mirar sin temor hacia el porvenir, y sepan los marinos que cuando su brazo carezca ya de fuerza para dirigir la maniobra, el Estado subvendrá a sus necesidades no como limosna, sino como una consecuencia del aporte realizado por patrones y obreros.”30

Quienes interpretan al gobierno de la Concordancia en términos de “restauración conservadora” quieren, con este término, subrayar el paralelismo de los años treinta con el período de la “Organización Nacional”, cuando, siguiendo la fórmula alberdiana, la elite dirigente impulsó una apertura en el terreno económico y social, pero una cerrazón en el ámbito político. Los pasajes recién citados bastan para mostrar todo lo que acerca pero también todo lo que aleja a un período del otro. Si en ambos puede encontrarse una apertura hacia los progresos experimentados por una dinámica sociedad civil, y si en ambos hay también una cierta “cerrazón” en la política, lo cierto es que en los años treinta ese cierre se realiza sobre la base de una previa apertura, y eso obliga a modular las prácticas y los discursos con una tonalidad radicalmente diferente. Es Justo quien parece haber comprendido esto cabalmente, y quien se aprestó a extraer las consecuencias de ello. No sabemos hasta qué punto él acordaba con los ideales de la Reforma universitaria, o si era sincero cuando prometía justicia social a los trabajadores. Desde nuestro punto de vista, eso no tiene la menor relevancia. Lo que resulta enormemente significativo, es la certeza que él parece haber guardado respecto a la necesidad de tomar en cuenta a estos sectores ya incluidos en la dinámica política y social. Exagerando mucho se podría decir que Justo es un político de masas. Sin exagerar tanto, y con algo de mayor precisión, se puede afirmar que es un político de la era de la Argentina de masas que entiende perfectamente que no se puede gobernar a espaldas de ellas.

El régimen político restaurado en 1932, y, más todavía, el Estado que éste contribuyó a moldear, darán acabadamente testimonio de ello. Lo cual no dejó de tener aspectos por demás multifacéticos y contradictorios. Forman parte de este proceso, en efecto, tanto una política social y laboral más proactiva de lo que se ha tendido a creer, como la erección de un Estado policial lo suficientemente vasto e intersticial como para no reconocer antecedentes en la historia argentina. Tanto una política proselitista que se valió de los mecanismos de difusión más modernos puestos en circulación por el periodismo de masas31, como un acercamiento a la Iglesia católica y al movimiento de súbita popularidad que ésta se encontraba en ese momento experimentando (a este respecto, la celebración del Congreso Eucarístico Internacional constituyó un hito ciertamente clave)32. Incluso la obra pública puede inscribirse en este proceso. La enorme inversión de recursos hecha por el Estado en infraestructura33 buscó distintos objetivos: dinamizar el mercado interno para paliar la desocupación, presentar de cara a la opinión pública -en contraste con la ineptitud achacada a las gestiones radicales- la realidad de un Estado diligente en la realización de obras largamente postergadas, y, finalmente, difundir el nuevo compromiso del gobierno con un ideal de modernidad que, como ningún otro antes, estaría contribuyendo a hacer realidad. La apertura de la avenida 9 de Julio, con el obelisco como emblema (el cual llevó inscripta la sugestiva aclaración de haber sido “construido en 60 días bajo la presidencia del general Agustín P. Justo”) querrán ser la cristalización y materialización acabadas de estos sueños.

De este modo Justo busca construir una legitimidad propia. Su discurso, su gestión y su obra interpelan oblicuamente, sobre todo, a quienes habían experimentado el ascenso social y no se sentían cómodos con el carácter excesivamente plebeyo del yrigoyenismo. La Ley Sáenz Peña había prometido llevar a la política la modernización ya producida en la economía y la sociedad. Dando por sentada la imposibilidad de lograr el objetivo de modernizar la política, Justo propone, a cambio, modernizar el Estado, para, a través de él, impulsar un nuevo salto en la modernización social. La tecnocracia de excelencia que bajo su gestión se forma (fundamentalmente, en el área económica) encuentra en este marco su sentido. Para todos estos fines, sus credenciales de ingeniero civil son de suma utilidad, y desde luego que recurre a ellas cada vez que la ocasión lo amerita.

Pero en Justo el civil y el ingeniero nunca desplazan del todo al militar, del mismo modo que en él la técnica no termina de desdibujar jamás la dimensión de la guerra. El enemigo existe. Sigue siendo, al igual que con Uriburu, el “personalismo”. La diferencia entre uno y otro estriba en que Justo no va a dirigir frente a su contendiente una guerra generalizada sino sumamente puntual y específica. Si cuando Uriburu mentaba “personalismo” aludía no sólo al partido político que reconocía en Yrigoyen a su líder sino también a todo el universo que había hecho posible su llegada a la presidencia, Justo dará en cambio una definición por demás literal y acotada del fenómeno: personalismo serán, para él, los personalistas. Es decir, los dirigentes radicales que de uno u otro modo establecieron vínculos con Yrigoyen y se negaron a reconocer la legalidad de su gobierno, introduciendo así un factor de “desorden” en la vida pública. Frente a ellos, la guerra. Pero sólo frente a ellos. La dimensión bélica del régimen restaurado en 1932 queda, de tal modo, circunscrita y acotada a un actor específico de la comunidad. Todo aquello que queda por fuera de eso buscará ser integrado en una política de contención y seducción que tendrá en las promesas de modernización y normalidad su gran norte.

También se acota la duración en el tiempo de la beligerancia. El carácter permanente que ésta adquirió bajo Uriburu, resulta, en efecto, desactivado. Con Justo, el antagonismo frente al enemigo personalista únicamente se reactiva en aquellos momentos en que su gobierno afronta desafíos armados por parte del radicalismo. El tono eminentemente marcial que en esas ocasiones toman los comunicados de gobierno, y la implantación del estado de sitio que les sigue a ellos, recordarán a los radicales que siguen siendo considerados miembros no gratos de la comunidad. Tulio Halperín Donghi contribuyó de modo decisivo a echar luz sobre la sucesiva desactivación y reactivación de la beligerancia por parte de Justo. Preguntándose por los motivos por los cuales no lograba surtir efectos la épica revolucionaria que intentaban difundir los escritos de quienes fueron partícipes de las rebeliones radicales (entre ellos, fundamentalmente, El Paso de los Libres de Arturo Jauretche, libro que en su versión original de 1934 llevó el prólogo de Jorge Luis Borges), Halperín Donghi afirma:

“La última de las revoluciones radicales había sido lanzada pese a que prometía muy pocas posibilidades de alcanzar éxito; a su fracaso siguió su transformación retrospectiva en el gesto puramente testimonial y sacrificial que no había estado en la intención de sus organizadores. Como tal la estilizaría Arturo Jauretche en la versificada evocación del episodio que tituló El Paso de los Libres […] Su eficacia testimonial se ve sin embargo socavada por la táctica que Justo ha perfeccionado ya frente al radicalismo: las bruscas alternativas entre etapas de dura persecución y otras en que la situación de los radicales presenta rasgo exteriores muy cercanos a los de una auténtica normalidad les hará difícil sostener en tiempos más prosaicos el diapasón heroico alcanzado por los héroes y mártires que combatieron a orillas del Uruguay. Ya las circunstancias que rodearon el lanzamiento de El Paso de los Libres daban a su manera testimonio de ello: habían pasado apenas unos meses desde que Jauretche había visto morir a su lado a Ramón Hernández ‘jugando a risa la herida’, y los orgullosos versos que evocaban esa muerte se vendían ya en librerías bajo el desafiante sello de ‘La Boina Blanca’; en ese contexto inesperadamente apacible, no sorprende que Borges haya creído necesario recordar a sus lectores el hecho inverosímil de ‘que ese Ramón Hernández murió de veras y que el poeta que labró más tarde la estrofa compartió con el hombre que murió esa madrugada y esa batalla’.”34

Tan efectivo fue Justo frente a los radicales que éstos debieron volver sobre sus pasos, abandonar la abstención, y avenirse a competir electoralmente en el hostil escenario erigido por ese presidente a quien le denegaban tanto su legitimidad como su legalidad. La historia posterior es conocida: en más de un sentido, la victoria de Justo resultó pírrica. La imposibilidad de admitir un triunfo radical en las urnas condujo al gobierno a incurrir en los fraudes masivos con los que la memoria colectiva concluiría identificando retrospectivamente a toda la época. La aspiración de Justo de erigirse en artífice de la modernización y la normalización política debió ser desechada. Pero no sería la UCR la que capitalizaría el descontento hacia el gobierno; ella también vio fuertemente erosionada su credibilidad, en tanto nunca pudo dar cuenta de las razones que la llevaban a tomar parte de un entramado institucional que repudiaba. En este contexto en el que, como ha señalado la historiografía, el conflicto político ciertamente arreció, y en el que las dirigencias de las distintas fuerzas políticas se acostumbraron a intercambiar las más duras acusaciones, la democratización sólo se hizo sentir por defecto. Hacia fines de la década del treinta y principios de la del cuarenta, es posible constatar, en efecto, un paralelo proceso de polarización y desmovilización. Las manifestaciones ciertamente importantes suscitadas por la conflagración internacional no deben hacernos olvidar el marcado y progresivo alejamiento de la mayor parte de la ciudadanía respecto a las distintas opciones que se debatían en la arena pública35, lo cual se tornó palpable el 4 de junio de 1943, cuando una ciudad apática recibió indiferente el interminable desfile de tropas que vino a poner fin a un régimen institucional en el que todos desconfiaban.

A lo largo de este trabajo hemos desarrollado la crítica a una serie de aproximaciones al estudio de los años 30 en Argentina y el tipo de relación que guardan con la previa experiencia de los gobiernos radicales iniciados en 1916. La idea de una discontinuidad absoluta que supondría la lisa y llana restauración del antiguo régimen previo a la democratización pasa por alto que, tras la experiencia dictatorial y el fallido intento refundacionalista de Uriburu, el ensayo desarrollado por Agustín P. Justo a partir de 1932 debió recurrir a complejos mecanismos de legitimación y gestión que, aunque siempre deficientes por la exclusión o por la participación subordinada de la antigua fuerza mayoritaria (sea por el recurso al veto de sus candidatos o a la generalizada venalidad en los comicios), tenían lugar en una sociedad que ya había conocido la experiencia de la democratización política. Por esta razón, tras la intervención dictatorial aquellos mecanismos debían adaptarse a la construcción de un régimen institucional que debía ser capaz de ser efectivo en una sociedad de masas para un grupo gobernante que buscaba la imposible conciliación de la exclusión de su adversario político con alguna forma de democracia en el arduo contexto posterior a la crisis global que siguió al Crack del 29.

Si aquella construcción interpretativa de una “Década infame” restauradora sin más del antiguo orden no nos satisface por los motivos expuestos, tampoco lo hacen cabalmente aquellas interpretaciones que a través de la nominación de un “periodo de entreguerras” intentan marcar una relación de continuidad entre la experiencia radical y la década subsiguiente. Esta periodización se hace tardía y ajena en un país que no tomó parte activa en la contienda y, aunque puede alumbrar ciertas continuidades como la realidad de la masificación del espacio de lo común, no deja de ser un obstáculo por aquello que ocluye a la hora de indagar las transformaciones en el régimen y el sistema político. Nos referimos con ello a los profundos cambios que tienen lugar en el sistema de reglas formales e informales de acceso y ejercicio del poder, en las creencias que las inspiran y en la modificación de la relación entre gobernantes y gobernados. Esta es la paradoja de los años 30 en Argentina: al tiempo que el estado amplía sus competencias en la economía y en la gestión de lo social, cuando se hace más presente y cotidiano en la extensión de su administración sobre espacios que le eran parcialmente ajenos, el sistema de representación se debilita extremando la distancia entre gobernantes y gobernados y conformando esa imagen imperial que caracteriza al estado bajo el mandato de Justo.

En el caso de Gutiérrez y Romero, las líneas de continuidad acerca del desarrollo cultural de una ciudadanía cooperativa y no antagónica a nivel micro de la sociedad, además de sustentarse en una realidad particular como la porteña, obtura nuevamente advertir la complejidad que el ensayo de Justo debió desarrollar para obtener niveles mínimos de legitimación que, en su dimensión estrictamente política, estaban dirigidos a una sociedad que ya había experimentado la democratización y el reconocimiento de derechos colectivos. La continuidad solo puede mantenerse a expensas de despolitizar la idea de ciudadanía al nivel de la comunidad política nacional para vincularla a formas diversas de co-gestión e interlocución con las agencias estatales en lo que hace a la administración del espacio de lo común a nivel vecinal.

Otro tanto podría decirse de la lectura continuista de de Privitellio, quien aúna al periodo en cuestión con las antiguas presidencias radicales para equiparar la impronta unanimista del yrigoyenismo y sus prácticas venales en determinados espacios provinciales y municipales con lo que fue un sistema generalizado capaz de garantizar la exclusión o subordinación de aquel que se consideraba como enemigo político en la vida pública. Lo que de Privitellio pasa por alto es que precisamente al plantear un antagonismo respecto del pasado, las experiencias radicales tendieron a desarrollar mecanismos de regeneración de los actores que posibilitaron una participación más abierta de los mismos en la competencia democrática, mientras que en los años 30 ese antagonismo se planteó respecto de una fuerza política presente y a la que solo se le permitió el acceso al gobierno en la provincia de Córdoba en el marco de las negociaciones entre Justo y Alvear para que el radicalismo se encaminara a dejar atrás la abstención tras el veto de su candidatura presidencial.

El ensayo de Justo, los complejos mecanismos de legitimación y gestión que intentó desarrollar, en el marco de la crisis internacional dieron una nueva fisonomía al Estado y a su imbricación con distintas instancias de la sociedad. Su intento de sacar al radicalismo de la abstención para relegarlo a una posición subordinada independientemente de su peso electoral fue alcanzado a mediados de la década, pero precisamente allí, en aquella meta en la que cifraba las esperanzas de la estabilidad de su ensayo, están también las raíces de la profundización del déficit de legitimación que quería conjurar. La crisis que esta aceptación de un juego subordinado generaría en el radicalismo, comenzaría lentamente a agravar el déficit constitutivo de legitimidad del híbrido régimen político de los 30, a medida que el conjunto del sistema político profundizaba su debilidad representativa.