¿Cómo se gesta una marca, una huella, un territorio de memorias? Esta pregunta guía un recorrido posible y pretende interpelar sobre la relación entre territorios y memorias, violencias y situaciones límite. Implica también poner el foco sobre las materialidades, más que sobre las experiencias y los testimonios. Materialidades que activan imágenes y que imprimen memorias en el espacio público para pensar cómo se producen las sensibilidades sobre el pasado y como se tejen tramas y comunicaciones entre lxs productorxs y lxs observadorxs. Un diálogo entre dos sensibilidades humanas, donde el uso de ciertos procedimientos de representación invitan (pero no obligan) a ver y a sentir imaginariamente lo que pasó. Como si el recuerdo fuese mejor incorporado por medio de cosas sensibles.

En el contexto nacional argentino las marcas de memoria florecen acá y allá, disputan sentidos diversos sobre el pasado reciente pero también sobre pasados más lejanos. O sea se conjugan en el espacio público para dar cuenta de memorias cortas y largas, memorias que se enlazan para mostrar las tragedias de la nación1.

Argentina entre los años 1976-1983 vivió bajo una dictadura militar que ejerció una sistemática represión ilegal. El terrorismo de Estado, se expresó en la desaparición de personas, en la tortura y el secuestro; la apropiación de bebes recién nacidos. Actuó, clandestinamente, bajo el funcionamiento de más de 350 centros clandestinos de detención. Cada acto represivo tuvo cómplices civiles como empresarios e industriales de la elite argentina; así como miembros de la jerarquía eclesiástica2. La represión ilegal fue acompañada de acciones que definieron un nuevo modelo de país con una acelerada destrucción de la industria nacional y endeudamiento con el FMI3. También, fueron expulsados miles de ciudadanos al exilio y exilio interno, privándolos de la posibilidad de seguir con el trayecto de sus vidas en el país. Este momento histórico fue un parte aguas en la idea construida por años de una nación pacífica, idea que se vio interpelada por la violencia política, la violación sistemática de los derechos humanos y la aplicación de un sistema represivo clandestino por parte del Estado.

Con la salida de la dictadura militar (1983), por colapso luego de la guerra de Malvinas (1982), se desplegaron una serie de reivindicaciones ancladas a tres conceptos elementales: memoria, verdad y justicia. Esto se tradujo, desde la transición democrática hasta la actualidad, en demandas, luchas y conquistas que abarcan: juicios de lesa humanidad, medidas reparatorias de diverso orden, políticas de memorias, programas educativos y una acción sistemática y sostenida de creación de sitios y marcas de memorias.

Las preguntas que surgen aquí en relación a la dictadura y la gestión de la memoria en el espacio público es ¿Cuáles pasados son valorados y resaltados en las marcas de memoria? ¿Quiénes y cómo constituyen y consolidan el territorio de memorias en las fronteras nacionales? ¿Qué rol cumple el Estado en la institución de memorias a partir de sus políticas?

En este texto analizaré las marcas de memoria que dan cuenta del pasado de violencia en Argentina. Observando las tensiones entre las memorias encuadradas (Pollak, 2006; Jelin, 2017) y organizadas desde las políticas públicas del Estado y aquellas que disputan sentidos desde la intervención urbana, muchas veces efímera, que visibilizan otras memorias, tiempos y acontecimientos. Realizo este recorrido en función de materiales de trabajo de campo, de análisis de páginas web oficiales, de relevamiento fotográfico de intervenciones urbanas en diferentes ciudades de Argentina, tanto como de diferentes reflexiones desde mi experiencia como partícipe en la gestión de un sitio de memoria4.

El espacio urbano y sus marcas de memorias nos muestran diversos archivos vivos, aquí y allí. (Re)presentaciones textuales, relatos históricos y gráficos que operan para desencajar al ciudadano que recorre los espacios y que de repente se encuentra con una baldosa de la memoria, que con colores e inscripciones informa sobre esx vecinx desaparecidx, o se topa con un árbol de la vida con una inscripción que remite a historias de violencia que no conocía. Así la ciudad va conquistando miradas al tiempo que reproduce arte y política en cada espacio (da Silva Catela et all, 2022). Claro que cuando se habla de expresiones estéticas, como apunta Ticio Escobar, “se habla de un conjunto de objetos y prácticas que recalcan sus formas para producir una interferencia en la significación ordinaria de las cosas e intensificar la experiencia del mundo” (2018, p. 3). Se trata entonces, de generar nuevos significados en cosas ordinarias, darles nuevos sentidos a las experiencias, trazar líneas de conexión entre el arte, los procesos de memorias y las prácticas políticas. Abrir un espacio donde la sensibilidad propone una mirada diferente frente al mal, las situaciones límites de la violencia, el horror y el sufrimiento sobre el cuerpo del otrx. Así, algo tan cotidiano como las calles de la ciudad se transforman en un mapa y un reservorio arqueológico de esos acontecimientos estéticos y políticos. La ciudad vista así como un proceso (Pink, 2011) y geografía de lo múltiple (Pérez de Lama, 2004 y 2009), donde esas estéticas urbanas de memoria plasman, en los individuos que las recorren, nuevas preguntas. De esta forma, las ciudades resuelven la relación entre memoria e identidad y se presentan como un laboratorio de ideas y recursos para imaginar y reconstruir aquello que en una nación se produce y construye en torno a la idea de memoria, a lo que se recuerda, pero también a lo que se silencia u olvida. Operación elemental del trabajo de la memoria que, para fijar un recuerdo, necesita imprimir “lugares” e “imágenes”. En su análisis sobre el arte de la memoria —la teoría de las imágenes para los griegos—, Yates (2006) enumera las maneras en que se establecían reglas para las imágenes. La primera marcaba la existencia de dos clases de imágenes, una para las “cosas” y otra para las “palabras”.

De esta manera, la “memoria de las cosas” (da Silva Catela et all, 2022; Inglond, T. 2013) confecciona imágenes para recordar un argumento, una noción5. Materialidad, política y memoria trazan una manera particular de articular el tiempo6. Pueden jugar entre el pasado, el presente y el futuro de manera distinta a como lo hace la historia o manipular el tiempo para dar cuenta de pasados que no pasan, de presentes anclados en el pasado o de pasados repletos de futuros posibles (Jelin, 2017). Guardan apenas una parcela del tiempo cronológico y luego juegan con los diversos tiempos que aparecen y desaparecen en cada representación, en cada forma de memoria. Las intervenciones urbanas de memoria contribuyen así a la producción densa e imprevisible del propio espacio público urbano.

Observemos a seguir, sobre que matriz se produjo esta irrupción de memorias en el espacio público. Matriz construida en torno a la consigna “memoria, verdad y justicia” tomada aquí como categoría “nativa” en su constitución política7. Para luego dar cuenta de cómo ella se traduce en las marcas, huellas y territorios de memorias en diferentes escalas desde el Estado nacional a los municipales y cuáles son las disputas que se resuelven en las intervenciones efímeras callejeras.

Justicia (y memoria). Con el retorno de la democracia el primer gesto en relación a los procesos de memoria fue la instauración de una política dónde la Justicia ocupó el lugar principal. Entre 1983 y 1985 se llevaron adelante una serie de ejercicios para dar cuenta del pasado de violación a los derechos humanos. Los tres acontecimientos centrales fueron la creación el 15 de diciembre de 1983 de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), la presentación del Informe el 20 de septiembre de 1984 y la publicación ese mismo año del Libro Nunca Más. El 22 de abril de 1985 se dio inicio al Juicio a las Juntas Militares, dónde los presidentes de facto fueron sometidos a la ley y juicio por los crímenes cometidos. Estos acontecimientos, fundantes, establecieron un “espacio de memoria” dónde se revelaron los mecanismos de violación a los derechos humanos llevados adelante por los militares luego del golpe de Estado en 1976. Consolidaron, además, un piso de verdad en relación a los hechos sucedidos y fundamentalmente a la práctica sistemática de desaparición de personas. Por otro lado, cada una de estas decisiones políticas demarcaron ciertas memorias, la de los desaparecidos; espacios representativos de la represión, los ex centros clandestinos de detención y tornaron visibles los rostros y nombres de los genocidas.

Verdad (e Impunidad). Una vez establecidos lo hechos represivos de la dictadura, comenzó un ciclo de impunidad combinado con ciclos de verdad. En pocos años las fuerzas represivas lograron tres leyes que los beneficiaron y que clausuraron la posibilidad de seguir ejerciendo Justicia para la condena de los genocidas. Primero, la Ley de Punto Final, promulgada el 24 de diciembre de 1986 que establecía la cancelación de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición de personas y la Ley de Obediencia Debida, del 8 de junio de 1987 que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad en cargos menores que los de coronel durante la dictadura no serían punibles por la práctica de la «obediencia debida» (concepto según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). Quedaban exceptuados en estas leyes los delitos de apropiación de menores y de robo de inmuebles de los desaparecidos. Esta secuencia de leyes de impunidad fue coronada con los decretos de Indultos en 1989 y 1990, que abarcaban desde aquellos represores que no habían sido beneficiados en las leyes anteriores a los que habían participado de rebeliones en democracia. Los indultos también alcanzaron a integrantes de organizaciones guerrilleras. Comenzó así una etapa de lucha por parte de organismos de derechos humanos contra estas acciones de impunidad y la demanda constante de justicia. De esta manera y paradójicamente en este mismo período se logró avanzar de manera contundente en la búsqueda de la verdad, con la Creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (1992); el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) (1995); la Ley 24.321 sobre la Desaparición Forzada de Personas (1994); el fin del Servicio Militar Obligatorio (1994); la Ley 24411 de Indemnización a los Familiares de Desaparecidos (1994), entre otras. También en este período se desarrollaron los Juicios por la Verdad en diferentes provincias del país y se logró revertir la decisión de convertir al ex Centros Clandestinos de Detención (ex CCD) de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un Parque de la Reconciliación. En 1995 nació la organización de derechos humanos Hijos por la Identidad la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), quienes ganaron una importante presencia pública y mostraron que a pesar de la impunidad reinante, nadie había olvidado nada. Su acción política fue fundamental para visibilizar las denuncias frente a la ausencia de Justicia. Inventaron los escraches bajo la consigna “si no hay Justicia hay escrache” y comenzaron un trabajo de investigación en relación a los represores que convivían entre nosotros. Realizaron diversos rituales de acción política, cuya principal práctica con el escrache era alertar a los vecinos que, frente a la falta de juicios, se vivía junto a genocidas.

Memoria (y Justicia). Si los procesos de Justicia y Verdad fueron oscilando en medio de diversas tomas de decisión que apostaron a políticas de impunidad y olvido desde el Estado, la memoria, como práctica política fue una constante por parte de los familiares de desaparecidos desde los momentos iniciales de la dictadura. Muy tempranamente, en 1977, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo irrumpieron en el espacio público con sus pañuelos blancos, con las fotos de sus hijos desaparecidos portada sobre sus cuerpos y con las rondas en cada plaza del país. Desde el retorno de la democracia y en todos estos años, sus prácticas de memoria nunca dejaron lugar al olvido. La tenacidad de los familiares de desaparecidos sigue presente en cada marcha del 24 de marzo, inventando formas originales de manifestación y legando a las nuevas generaciones el “nunca más”. Con la llegada del nuevo siglo y con cambios políticos a partir del año 2002, los procesos de memoria se activaron desde las estructuras del Estado. En el año 2002 se creó un nuevo feriado nacional, mediante la Ley 25.633 que estableció la declaración del “24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”. A partir del año 2003 las políticas de memoria pasaron a ser parte de la agenda del Estado. Una serie de eventos marcaron esta nueva etapa. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron recibidas en la Casa Rosada, se las reconoció con premios y homenajes. La Justicia revocó las leyes de perdón (señaladas más arriba), lo que significó un nuevo momento de reactivación de las causas por crímenes de lesa humanidad que comenzaron a ser elevadas a juicio8. En ese momento, el 24 de marzo de 2004 marcó un umbral sobre las nuevas políticas públicas de memoria. El presidente de la Nación, se dirigió al Colegio Militar y le ordenó al Jefe del Ejército que retirara los cuadros con los retratos de los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Este gesto simbólico tuvo un gran impacto político como acción de memoria por parte del Estado. Ese mismo día, en un acto multitudinario, se reconoció a la ESMA como Espacio para la Memoria y la promoción de los Derechos Humanos. A partir del año 2006, fecha redonda por los 30 años del golpe militar, se crearon en las provincias Archivos de la Memoria y Sitios en los ex CCD. Se profundizó así una etapa de señalizaciones y marcas de memoria en todo el territorio nacional. Los cambios en las políticas públicas de memoria, con un claro énfasis en la promoción y visibilidad de las luchas que habían pertenecido a los organismos de derechos humanos, ahora monopolizadas por el Estado, modificaron el paisaje urbano con marcas, señalizaciones y apertura de instituciones, dónde el pasado represivo debía ser tematizado.

Dentro de este marco, las medidas tomadas desde las políticas públicas, las decisiones reflejadas en diversos actos simbólicos y búsqueda de verdad, memoria y justicia fueron dejando huellas. Mientras el Estado organizaba, clasificaba y decidía como enmarcaba sus políticas de memoria, las ciudades se fueron poblando de marcas y manifestaciones de memorias. Unas dentro de las fronteras de las propuestas estatales, otras construidas en sus márgenes e incluso cuestionándolas. Así se pueden observar en cada ciudad de Argentina, nombres de desaparecidos y desaparecidas plasmados en las memoriales y monumentos; graffitis en paredes que los contienen como archivos urbanos; placas en las plazas; memoriales en cementerio; rituales con flores arrojadas al río, velas prendidas en un sitio de memoria. Fotos de los desaparecidos y desaparecidas sobre el cuerpo de las madres; escraches en los barrios, banderas que reclamaban por los 30.000 desaparecidxs, marchas y conmemoraciones. Cada expresión que brota en el espacio público se transforma en una marca a desentrañar, comprender, compartir, observar y admirar.

La calle, ese espacio prohibido, peligroso y clandestino durante el terrorismo de Estado mediante la figura del estado de sitio9, se transforma poco a poco con la llegada de la democracia en una trama a ser conquistada y resignificada. Cada gesto de ocupación traduce aquello que se quiere visibilizar frente a la violencia que impuso desaparición y muerte, apropiaciones y ocultaciones, violencias y clandestinidad. Así, lxs hacedorxs y emprendedorxs de memorias (Jelin, 2001) lanzan sus marcas simbólicas para expandir un territorio de sentidos, saberes y presencias. La conquista del espacio urbano, sus marcas y procedimientos de memorias corren los márgenes para ocuparse de que el recuerdo de lxs muertxs y desaparecidxs no se desvanezca en el tiempo. Cada gesto suma una capa de memoria que año a año va sedimentando los lazos entre la política, el diálogo con las memorias y sus materialidades.

La política pública de memoria ligada a las marcas e institucionalización de espacios abarca todo el país a partir de tres nociones articuladoras: espacios de memoria, sitios de memoria y señalizaciones. Es desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se ejecutan las políticas públicas. Hasta el momento se ha identificado 800 sitios de memoria, a los que se define como los lugares donde funcionaron como CCD o donde sucedieron hechos vinculados al accionar del terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. Los sitios constituyen la principal prueba judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad. Mayoritariamente, los centros clandestinos funcionaron en dependencias de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales ―bases militares, buques, comisarías, delegaciones policiales, unidades del servicio penitenciario, etc.―, pero también en casas particulares, fábricas, hospitales, escuelas, entre otros. En este sentido, se manifiesta, también, la responsabilidad civil y empresarial que tuvo la represión ilegal. Como puede observarse la política de memoria está centralmente enfocada en los lugares de represión, dejando de lado a los espacios de lucha o de producción cultural y política de la década del setenta.

Del total de estos sitios, se han realizado hasta el momento 200 señalizaciones, a partir de marcas: placas, carteles o estructuras, que demarcan en el espacio público los lugares vinculados con el accionar del Terrorismo de Estado. Estas señalizaciones forman parte de la agenda política de Memoria, Verdad y Justicia y simbolizan a partir de su materialidad el compromiso del Estado para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares. Estas señalizaciones son realizadas en cooperación con dependencias provinciales y municipales lo cual hace que se extiendan a lo largo del país. Como toda política pública está más fortalecida en los centros que en las periferias, lo que sin duda reproduce una asimetría entre el centro y las zonas urbanas en relación a los márgenes y zonas rurales dónde la represión adquirió otros sentidos y afectó a otros grupos sociales como a campesinos e indígenas que no han sido aún investigadas.

Por último, observemos lo que se denomina espacios de memoria. Aquellos sitios vinculados al terrorismo de Estado que, desafectados de su uso original (comisarias, dependencias penitenciarias, predios de las fuerzas de seguridad) fueron reconvertidos en museos, casas de memoria, archivos, espacios de memoria. En distintas ciudades del país se han constituido 46 espacios de memoria, 30 abiertos al público y 16 en formación10. Los procesos por los cuales han sido elegidos unos y no otros depende, entre otras cuestiones, de la correlación de fuerza de las políticas del lugar, de las historias de los lugares, de las luchas de los organismos de derechos humanos y también del compromiso de los gobiernos locales para invertir en las reformas edilicias y la posibilidad de conformar equipos de trabajo dentro de la estructura del Estado. De esta forma es significativa la concentración de espacios de memoria en las grandes ciudades y sobre todo en el centro del país, específicamente en la provincia de Buenos Aires dónde se concentran 28, de los 46, espacios de memoria. El mapa que compone la territorialidad de sitios muestra las asimetrías que son resultado de tensiones en la aplicación de políticas públicas de memoria. Dicho en otras palabras, en sociedades desiguales como las nuestras, los procesos de memoria copian como un calco las asimetrías sociales y las relaciones de poder entre centro y periferia. En las luchas por romper esas asimetrías se ponen en evidencia los grados de autonomía y soberanía de las memorias por las que luchan quienes no se sienten incluidos o representados en las expresiones públicas y los usos dominantes sobre el pasado y sus representaciones. Por otro lado, tanto las señalizaciones como las aperturas de los espacios de memoria ponen en tensión la “uniformidad” de las políticas públicas con la diversidad de manifestaciones locales. Una tensión que pone en evidencia como la unificación estética de los carteles de señalizaciones grises con los tres pilares de memoria, verdad y justicia está más cercana a la historia, a aquello que la nación reconoce como parte de su identidad, frente a la diversidad local, con sus historias, experiencias, prácticas culturales y lógicas de representación diversa, que demuestran la variedad de memorias en plural (Jelin, 2017; Richard, 2017). Dos formas de recordación que por momentos se encuentran y en otros se tensionan y entran en conflicto por los significados del pasado.

Si volvemos la mirada hacia atrás, con el mapa que hoy refleja más de 20 años de políticas de memoria en torno a los sitios, vale la pena preguntarse cómo la materialidad, los lugares que fueron símbolo de la represión se constituyeron en el objetivo central de la memoria en el espacio público. Como señalé más arriba, la centralidad del Informe Nunca Más en tanto demarcador de un relato inicial, centró su mirada en los ex CCDs como espacios nucleares para dar cuenta de la represión ilegal. También el Informe, concentró su mirada en el crimen de la desaparición forzada de personas, como eje articulador de las memorias desde el retorno de la democracia. Estos dos elementos, entre otros, hicieron con que la materialidad y localización de los edificios se trasforme en lugares simbólicos, medios mnemotécnicos y puntos de referencia centrales en la cultura política argentina11.

Podemos distinguir tres momentos dónde el Estado interviene frente a las demandas de la sociedad civil y de los organizamos de derechos humanos, dando visibilidad a los espacios y marcas de la memoria. El primero es el reconocimiento de los espacios de memoria como lugar de la Justicia y la prueba. Dónde la materialidad pasa a ser el testigo de los testimonios de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos. Allí aparecen las comisiones y procedimientos judiciales relevando esos espacios y dando cuanta de las arquitecturas del terror: CCD, casas clandestinas, cárceles, u otros espacios como ríos, lagos, mar… como lugares de desecho de los cuerpos. También fosas y enterratorios clandestinos. En ese primer momento los espacios de memoria están atados a la evidencia empírica y muchas veces se transforman en pruebas con medidas de no innovar lo que no permite su uso, modificación y habitación o se constata su destrucción. Podemos citar por ejemplo, el ex CCD El Atlético en Buenos Aires12, La Calamita en Granadero Baigorria en Rosario13, la ex Comisaria 5ta de La Plata14, el ex CCD La Perla en Córdoba, entre otros. En estas instancias los sitios preservados pueden ser espacios de memoria o simplemente lugares que son visitados, cuidados o se transforman en sitios de visitas o rituales.

El segundo momento, podemos llamarlo de conquista. Está constituido por la lucha de los organismos de derechos humanos (madres, abuelas, familiares, hijos, ex presos políticos, vecinos) dónde los espacios de memoria pasan a ser motivo de lucha y conquista. Comienzan a ser demandados para transformarse en sitios de memoria, parques, museos, centros culturales, archivos… La variedad y formas que adquieren en este momento de demandas devienen en resultados diversos. Por ejemplo, no es lo mismo el Parque de la Memoria y Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado de Buenos Aires15, erigido sobre la costa del rio de La Plata (lugar de desecho de los cadáveres de los desaparecidos); que el Museo Sitio de Memoria ESMA, donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada16, o La Escuelita de Famaillá en Tucumán17. Estos son conquistas que se dieron por demanda de los organismos de derechos humanos y que se lograron mediante la aplicación de políticas locales y nacionales desde el Estado. Por otro lado, podemos distinguir las marcas de memoria de otro origen. Como la de la casa Mariani - Teruggi de La Plata18, que nació producto de la memoria de una familia con su nieta apropiada; o la marca que cubre la Municipalidad de Córdoba - resultado de un proyecto artístico19 - o las señalizaciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata - producto de prácticas de memorias universitarias y las diversas intervenciones en municipalidades, facultades, hospitales y otras dependencias públicas para homenajear a los desaparecidos de dichos lugares. Las baldosas de la memoria que en cada lugar han adquirido una diversidad de formas, colores y modos de expresar la memoria de los y las desaparecidas en todas las ciudades del país20.

Si bien todos son sitios de memoria, los proyectos a partir de los cuales se gestó esta conquista pueden partir de políticas públicas estatales, o combinar acciones con otros actores como vecinos, artistas, estudiantes, compañeros, etc. En la mayoría de los sitios de memoria en Argentina, el Estado nacional ha señalizado estos lugares, como se enunció más arriba, esa acción inicial ha generado diversas prácticas posteriores, de apropiación y re significación, de nuevas señalizaciones o de rechazo a las mismas.

Un tercer momento puede identificarse como el que da espacio a lugares de memoria como una red abierta para que surjan memorias silenciadas, borradas u olvidadas. El tercer tiempo, entonces, es aquel donde se despliegan las memorias y los espacios de memoria como territorios conquistados, con políticas de estados consolidadas o no, pero dónde comienzan a florecer memorias locales y subterráneas. Veamos un caso concreto en la provincia de Jujuy, noroeste de Argentina. En el ex CCD de Guerrero, donde paradójicamente funcionan tres lugares de vacaciones de los sindicatos de UOCRA, SMATA y UPCN. El lugar fue señalizado por primera vez en 2004 con un monolito realizado por los organismos de DDHH locales. En el año 2016 el gobierno provincial junto con Nación, colocaron el cartel con los tres pilares de Memoria, Verdad y Justicia. A pesar de los constantes reclamos, no se logró aún, que se transforme en un espacio de memoria abierto al público. Sin embargo, allí la memoria está viva, se activa año a año en dos rituales concretos. Por un lado, la visita a cada 24 de marzo, dónde el lugar se puebla de manifestantes, murgas y fotos de los desaparecidos e intervenciones en los muros que rodean la edificación. Por otro, cada 2 de noviembre, para el día de los muertos, cuando un grupo de vecinos y familiares de desaparecidos le rinden culto a sus difuntos.

Esta memoria trae al presente dos temporalidades diferentes, aquella de las memorias ancestrales indígenas (ritual andino de la llegada y espera de las almas en el día de los muertos) que se entrelazan con las memorias por los desaparecidos del lugar. La memoria es aquí anclada a la materialidad del lugar pero tejida en una urdiembre que resalta otras prácticas culturales que no pueden quedar atrapadas en un cartel gris con los pilares de memoria, verdad y justicia. Son memorias plásticas, que modelan cada vez nuevos sentidos y sentires frente al dolor de los muertos, pero también las luchas de los vivos contra las injusticias del presente. Memorias sincréticas que amalgaman sin libreto establecido, religión, política y afectos. El Estado piensa y ejecuta sus políticas desde arriba hacia abajo, con preguntas tales como ¿qué hacemos con los sitios dónde se violaron los derechos humanos para garantizar la no repetición? Las comunidades producen sus memorias desde abajo, a partir de otras preguntas que guían sus acciones ¿qué hacemos con el recuerdo de nuestros muertos y desaparecidos? La memoria se trasforma así en un recurso político y afectivo disponible, dónde las comunidades locales y/ colectivos sociales, plasman ingeniosamente rituales variados, y se plantean ¿qué es lo que nuestros muertos y desaparecidos necesitan? ¿Qué tenemos en común con ellos? En este sentido el devenir de los sitios de memoria combinan siempre, cómo cualquier otro proceso de memoria: temas, espacialidades y temporalidades que podríamos decir constituyen un calidoscopio que presenta diversas variaciones y ensamblajes posibles ya que siempre adquirirán nuevas lecturas desde el presente, en tanto que generacionalmente y políticamente se abren constantemente nuevas preguntas y miradas diversas entre las memorias cortas y las memorias largas (Rivera Cusicanqui, 1984). Memorias indígenas que con su poder de-colonizador presentan prácticas que pueden dialogar con los presentes políticos para revelar y rebelarse con luchas continúas de pueblos originarios (Cerda García, 2013).

Si pudiéramos pensar las tramas y los recorridos que se fueron superponiendo en cada tiempo y espacio de memorias, llegaríamos a tener una visión de la densidad y de las costuras entre memorias largas y cortas; entre memorias subterráneas, dominantes, oficiales, denegadas (Pollak, 2002; da Silva Catela, 2011; Jelin, 2017; Richard, 2017) entre memorias justas e injustas (Todorov, 2000) y cómo fueron plasmando significados disímiles. También admiten ser pensadas como puntos tejidos en una red que sobresalen para activar constantemente el pasado en el presente y romper los silencios que todavía existen. Así, la ciudad y sus marcas de memoria dialogan y relatan a partir de prácticas políticas y estéticas, tienden lazos entre nosotrxs y lxs otrxs, entre periferias, entre márgenes y centro. Una marca en el territorio también es un ensamble. En la calle laten los gritos de justicia, marchan los cuerpos en búsqueda de la verdad, las emociones convocan las memorias para ser compartidas. Se amalgaman en una sola consigna: “Memoria-Verdad-Justicia”. Aparecen aquí y allí memorias que se enlazan (da Silva Catela, 2022) para dar visibilidad a nuevas luchas políticas, hay pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo anudados con pañuelos verdes de la lucha por la legalización del aborto. Hay manos que portan nuevas banderas por la inclusión de memorias no hegemónicas que pueden sintetizarse en el cartel: “la memoria no es un privilegio heterosexual”. Y así el territorio, se puebla de memorias en constante movimiento. Las fronteras se extienden, se gestan conflictos por los significados, se emprenden batallas donde los sentidos del pasado son una y otra vez escenificados para que los diálogos intergeneracionales puedan establecerse y generar nuevas expresiones. Es muy interesante como en estos últimos años se comenzó a disputar el sentido sobre la propia noción de los 30.000 desaparecidos por lxs 30.400 desaparecidxs21, poniendo en evidencia memorias que fueron de-negadas por muchos años (da Silva Catela et all, 2020). Tanto como los pañuelos fueron resignificados en nuevas luchas, las siluetas que en la transición democrática fueron el símbolo por excelencia de la representación pública de la desaparición, vuelven a las calles reapropiadas para visibilizar a les 30.400 y las luchas de la comunidad LGTB.

Territorios que se conquistan, se superponen, marcan, desmarcan, se enfocan y desenfocan. Para sublevarse hay que romper el orden establecido, el orden de los papeles, de las imágenes, de los cuerpos, de los lugares, de las prácticas. Nada vuelve al mismo sitio; no se trata de un rompecabezas que, una vez unidas las piezas, conforma siempre la misma representación. Es un caleidoscopio que, a pesar de tener elementos estables como la memoria, en cada giro cambia, rompe la sacralidad de lo establecido. Por eso un ritual puede transformarse en un escrache, un cartel de la calle en un símbolo de denuncia y un archivo policial en un documento que rompe el silencio. Las relaciones simbólicas entre sus elementos nos permiten mirar más allá de la imagen y de las formas de representación para atravesar las tramas que se tejen y destejen, se superponen para crear y cobijar otros sentidos y sensaciones.

En cada acción territorial, las construcciones de memorias nos permiten volver a mirar, observar y sentir. Ninguna repetición será igual, ni volverá sobre sus marcas exactas, siempre dejará un borde nuevo, un margen pequeño, una imagen casi fuera de foco, un trazo invertido, traerá algo del olvido a la memoria. Se trata de (re)pensar las memorias, en sus límites y en sus potencialidades, cuando ya nada nos provoca, nos interpela o nos rebela. Las imágenes de cada acción de arte/política/memoria imponen separación y distancia para comprender el juego entre lo que vemos, lo que sentimos y lo que vivimos. Ellas están expresadas a través de subjetividades que construyen esas memorias, pero que también destilan olvidos y silencios frente a la provocación de cada (re)impresión de sentidos, ya que nada será igual hacia el futuro. El pasado quedará estampado y superpuesto una y otra vez en este nuevo tiempo de incertidumbres constantes, donde diferentes comunidades una y otra vez desacomodaran las memorias establecidas y dominantes. Cada territorio también llamará la atención sobre las marcas que quedan y las materialidades que les dan soporte a esas memorias, así como a las producciones que desde abajo interpelan, rompiendo silencios e invisibilidades, hacia futuros posibles.

Esta movilización emotiva empuja hacia una reinterpretación de los eventos, reubicando el pasado en el presente y proponiendo, potencialmente, una mirada crítica sobre la historia hacia adelante. El contraste entre la versión dura de la historia, consagrada, legitimada y los eventos de las formas materiales, estéticas y sus manifestaciones incita a pensar en los problemas planteados por la acción colectiva, a evaluar las responsabilidades individuales y a reflexionar en el presente sobre las condiciones del compromiso y la acción colectiva desde las comunidades. Es aquí donde situación límite, memoria, política y marcas materiales interactúan de manera intersubjetiva y devienen una referencia en el espacio público en el mismo momento en que la producen, propiciando y promoviendo un diálogo que contribuye a la reflexión de la sociedad sobre ella misma.

Pensando la memoria, no como patrimonio cultural, sino como algo que vibra, que deja un rastro, una huella, una estampa en el espacio. No de manera fija sino en la dinámica de lo que se desplaza y mueve, conquista y se modifica mediante marchas, rituales, intervenciones y performances; dinámica que torna expresiva y colma de símbolos los espacios que en el pasado se intentó callar y silenciar mediante acciones clandestinas. La heterogeneidad de espacios, formas y mensajes que se fueron cristalizando a lo largo de estos años plasmados en la relación memoria/ política nos permite comprender las variantes que se ponen en juego para la universalización de historias personales y dolorosas, en un drama que potencialmente puede involucrar a la totalidad de los ciudadanos. Más allá de las experiencias de quienes lo “han vivido”, las manifestaciones públicas donde lo estético/político juega un papel importante arriesgan significados en un espacio donde lo personal deviene colectivo, se expone a usos posiblemente divergentes pero con un sentido que pone en evidencia que, por oposición a la retórica del olvido y el trauma, un mundo repleto de sentidos, significados y representaciones puede ocupar el espacio público y romper, aunque sea efímeramente, la indiferencia del ritmo urbano. De allí el desafío de pensar los territorios de memorias como lugares de creación de espacios seguros para la expresión de lo peligroso; como texturas donde la acción política y cultural permite potencialmente conocer la verdad e interpelar los sentidos de lo humano.