Tras el final de la última dictadura militar (1976-1983), la sociedad argentina inició un nuevo ciclo histórico basado en “la democracia” (liberal) como modelo político legítimo, como horizonte de derechos crecientes y como forma de vida en común1. Por fuera de toda idealización, el acuerdo sobre el respeto de los valores democráticos que se inició por entonces representó un cambio histórico trascendente. Aquella transformación fue sellada por una imagen potente y de larga vida: la del “pacto del Nunca Más”2, vinculado a la condena de los crímenes dictatoriales, pero erigido como el símbolo refundacional del nuevo ciclo histórico que se abría. De esta manera, el “Nunca Más” a la violencia, y el respeto por los derechos humanos, quedaron asociados a la democracia como los sentidos fundantes del nuevo ciclo.

Sin embargo, el llamado “pacto democrático” se fundó sobre una profunda ilusión proyectiva cuya potencia dependía de sus logros. En los últimos años, su extrema fragilización lo transformó en una añoranza melancólica y lo hizo crecer en valor retrospectivo. En efecto, aquel arreglo social y político, fundante de la nueva vida en común hace cuarenta años, hoy parece estar completamente astillado, al menos en cuanto a las condiciones de hegemonía simbólica y poder performativo que se consolidaron en esos primeros años democráticos.

A modo de ensayo libre, las páginas que siguen se proponen pensar cómo fue posible ese cambio societal y el proceso que llevó a una nueva derecha radical al poder en la Argentina. No me interesa tanto pensar la nueva dirigencia política o sus apoyos en los sectores poderosos del capitalismo global, sino la trama social “por abajo” que hizo posible el cambio de consensos y disposiciones como un proceso sostenido que se produjo a lo largo de varias décadas3.

Desde 1983 en adelante, el nuevo orden democrático se fue afianzando –no sin altibajos y zozobras– a través de una serie de indicadores que, si bien eran totalmente frágiles e inciertos en un primer momento, se revelaron fuertes y duraderos con el transcurso del tiempo. Pueden delimitarse con relativa claridad: la desarticulación del poder militar como actor del juego político; el fin de la injerencia de las fuerzas armadas en seguridad interior; la deslegitimación del recurso a la violencia política y represiva; la nueva legitimidad del discurso de los derechos humanos –a pesar de los cambiantes ciclos políticos sobre este tema–; y la aceptación del juego de la democracia liberal por todos los actores del arco político –especialmente el conglomerado de actores de las derechas autoritarias de antaño–. En su versión inversa, estos elementos y dinámicas habían caracterizado el ciclo histórico previo que caracterizó buena parte del siglo XX argentino: violencia política y especialmente de Estado; inestabilidad política y centralidad del actor militar en el juego político y en seguridad interior; y descrédito y deslealtad en el juego institucional y democrático de parte de amplios sectores sociales y políticos.

Desde 1983, la potencia simbólica de la promesa democrática se sostuvo en la legitimidad del sistema electoral y político, pero también en las expectativas de la democracia como horizonte de ampliación de derechos sociales y económicos. Con la democracia “se come, se cura, se educa”, prometió Raúl Alfonsín, primer presidente electo al terminar la dictadura, anudando allí democracia formal y real, unas reglas del juego político y la proyección de un deseo de vida en común para amplias mayorías.

Lejos de cualquier escena idílica, el nuevo ciclo histórico estuvo atravesado por la incertidumbre propia del juego democrático4. Aunque ello se manifestó en crisis políticas y socio-económicas de gravedad, ninguno de estos procesos puso en jaque la ficción fundante del “pacto democrático”, que pareció organizar el imaginario político y social durante varias décadas. Para ilustrar esta constatación, en las páginas que siguen quisiera evocar algunas escenas argentinas de los últimos cuarenta años. La selección propuesta puede resultar arbitraria, y sin duda el lector o la lectora podrían preferir otras figuras y eventos, pero no es ociosa a los fines de lo que me interesa mostrar a modo de pintura expresionista: la presencia y potencia de los grandes consensos públicos del ciclo histórico abierto en 1983, y también sus límites progresivos.

Primera escena. Entre 1987 y 1990, sucesivos levantamientos militares implicaron amenazas importantes sobre la estabilidad institucional en pleno proceso de transición y juzgamiento de los delitos militares. El más importante de ellos fue durante la Semana Santa de 1987, cuando se produjo la sedición militar conocida como “carapintada”5 liderada por Aldo Rico en demanda de una amnistía por las violaciones a los derechos humanos por las que muchos miembros de las Fuerzas Armadas estaban siendo juzgados. El episodio se recuerda por la triste frase del presidente Alfonsín quien desde los balcones de la casa Rosada –la sede del gobierno argentino– se dirigió a la multitud: “Felices Pascuas (…) la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”. Más importante aún, la consecuencia de aquella crisis fueron las leyes de “Punto final” y “Obediencia debida” que dieron por concluido el primer ciclo de juzgamiento civil de los delitos militares6. A pesar del impacto posterior de esas leyes, el dato más novedoso de esos días fue la enorme respuesta social y de todo el arco partidario, al llamado para movilizarse en defensa del régimen democrático y en apoyo del gobierno. El proyecto refundador en torno a la democracia liberal como modelo legítimo y deseable había calado hondo.

Desde luego, esto no significó la desaparición de opciones nostálgicas del pasado golpista, como otros levantamientos militares posteriores y, años más tarde, la llegada al poder por la vía electoral de antiguas figuras centrales del proceso dictatorial y represivo, como el general Antonio Bussi, elegido gobernador de la provincia de Tucumán (1995-1999), y el ex comisario Luis Patti, elegido intendente de la localidad bonaerense de Escobar (1995-2003). Pero estos datos no opacaban la nueva hegemonía de los valores de la democracia liberal y las expectativas de democratización social como proyecto colectivo.

Segunda escena. En diciembre de 2001, la Argentina volvió a zozobrar profundamente tras una crisis económica y social que puso en juego la legitimidad de la representación política y generó un estallido social de enormes proporciones7. El reclamo se estructuró en torno a la consigna “que se vayan todos”: los grupos y sujetos que, a los ojos populares, habían capturado los hilos del poder estatal generando enormes niveles de pobreza y desempleo. “Ellos”, pero no el sistema, no las reglas de juego, no el “pacto democrático”. Aunque el estallido final surgió de clases medias desposeídas de sus ahorros por una serie de medidas económicas, la potencia del malestar y el enojo generaron un encuentro colectivo inédito con sectores más populares que venían movilizándose desde hacía varios años, al calor de la crisis provocada por las políticas neoliberales. Esa confluencia de energías sociales volvió a recrear la escena democrática como construcción solidaria de lo común, plasmada en experiencias novedosas como las organizaciones territoriales, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas y los clubes de trueque8. Ese 2001 contuvo, además, otro hecho trascendente: fue el primer estado de sitio desafiado masivamente. A lo largo de todo el siglo XX, las medidas de ese tipo habían sido uno de los grandes instrumentos y emblemas de la violencia estatal, por su uso desmedido en regímenes democráticos o dictatoriales. En 2001, tras la experiencia de la dictadura y ante un gobierno sin credibilidad ni capacidad de control, la medida resultó intolerable y hasta ridícula, y la reacción social fue desconocer la prohibición y salir a la calle. Aunque la respuesta fue una brutal represión, esa parte tan deseada del “pacto del Nunca Más” que rechazaba la violencia autoritaria del Estado seguía muy viva.

Aunque la rebelión y el enojo social que afloraron en aquella crisis no pusieron en cuestión la democracia como horizonte de expectativas, en aquella coyuntura también comenzaron a aflorar algunos elementos que solo pueden ser apreciados en su envergadura e importancia con la distancia histórica del presente. Aquel mismo escenario fue el punto de clivaje, muy lento y casi invisible, de la progresiva activación de sectores de las derechas liberales, que empezaban a ocupar espacio público en las protestas de “ahorristas”9. Desde luego, la presencia de grupos y partidos de derecha en el juego democrático no es una anomalía, ni un problema. En la escena argentina, venían tomando forma desde inicios del ciclo democrático bajo la forma de la Unión de Centro Democrático, que luego recaló en y se integró a los gobiernos del peronista neoliberal Carlos Menem en los años noventa (1989-1995 y 1995-1989). Desde 2001 fueron convergiendo en algunas fuerzas partidarias de derecha que terminaron fusionadas en el PRO (Compromiso para el Cambio) y que se presentó a elecciones por primera vez en 200310. El dato relevante es que, tras la crisis de 2001, estos sectores comenzaron a interpretar mejor la decepción y el hastío que empezaba a anidar en diversas capas sociales. En los años posteriores, durante el ciclo de gobiernos kirchneristas11, a partir de 2003, con sus significativas mejoras sociales y el fuerte andamiaje simbólico que pareció hegemonizar la escena política por un tiempo, ese malestar social quedó momentáneamente pausado, y también quedó limitado el espacio de recepción política de ese tipo de reacciones. Pero pocos años después, a partir de 2008, comenzó a emerger con nueva fuerza pública un conglomerado de actores de diversas derechas en el contexto de las profundas tensiones que hizo aflorar el conflicto gubernamental con los sectores agropecuarios12.

Tercera escena. En 2015, la eclosión del movimiento “Ni una menos” contra la violencia de género y luego las movilizaciones por el aborto legal mostraron cuán hondo habían calado las luchas por los derechos humanos en la cultura política argentina. La movilización de mujeres, que incluso iba a contrapelo de las voluntades políticas de la mayoría del arco partidario, se nutría de una historia larga de feminismos y una cultura de la movilización social que atraviesa todo el siglo XX argentino. A la vez, la movilización también era heredera de la historia más corta del movimiento por los derechos humanos surgido bajo la represión dictatorial, retomando el símbolo de los pañuelos blancos, históricamente utilizados por las Madres de Plaza de Mayo y devenidos verdes en las movilizaciones feministas. La “revolución de las mujeres” mostró toda la fuerza de aquella herencia posdictatorial y condensó esos aprendizajes en la búsqueda de nuevos derechos.

No obstante, en esa misma escena también se fueron tejiendo otras reacciones de varones y mujeres que sintieron que el feminismo amenazaba su orden social deseado. La “ola verde” con su fuerza arrasadora, con su capacidad de hacer de los derechos de género un problema público, no dejó ver el fenómeno reactivo que empezaba a conformarse lenta pero firmemente, bajo el efecto backlash13.

Cuarta escena. En 2017, bajo otra escena y otra coyuntura14, la potencia simbólica del “Nunca Más” volvió a hacerse visible, acrecentada por años de procesos de justicia bajo los gobiernos kirchneristas y por un renovado conocimiento de lo sucedido bajo el terrorismo de Estado. En el mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia concedió el beneficio de conmutar años de encarcelamiento con la fórmula conocida como “2x1” a Luis Muiña, un militar acusado de delitos de lesa humanidad15. Aunque la reacción social expresó posiciones y lecturas diversas y encontradas sobre el tema, su efecto general fue considerar un “escándalo” la posibilidad de que algunos responsables de la represión dictatorial fueran liberados. Allí se hizo evidente que los delitos de lesa humanidad y la justicia penal como respuesta legítima se habían transformado en un asunto público de vasto consenso social. Una vez más, la reacción popular fue salir a la calle en enormes manifestaciones que abarcaron todo el país, reafirmando el valor de los derechos humanos y el rechazo de la violencia dictatorial. El “Nunca Más” como gran pacto fundante de la democracia seguía masivamente vigente.

Quinta escena. Ese mismo año, tan solo dos meses después, en la provincia de Chubut y en el contexto de un episodio de represión de las fuerzas de seguridad sobre una protesta de ocupación de tierras por comunidades indígenas, desapareció Santiago Maldonado, un joven artesano que acompañaba la demanda16. Durante varias semanas su “desaparición” dio lugar a una intensa movilización social, especialmente de clases medias urbanas, que mostró el peso de la memoria construida en torno al rechazo social a ese tipo de violencia asociada al terrorismo de Estado. La figura del “desaparecido”, públicamente movilizada, convocó una memoria de lo abyecto e inadmisible.

Sin embargo, esa misma coyuntura también fue el escenario de eclosión de innumerables discursos de matriz conservadora y nacionalista que cuestionaban los derechos de los pueblos originarios y revivieron las figuras más autoritarias del enemigo interno en torno a los mapuche y sus organizaciones colectivas, azuzando los fantasmas de la conspiración y el “terrorismo mapuche” creciendo en el territorio patagónico. De manera más amplia, esa escena dejó a la vista la violencia y el odio étnico y de clase recrudecidos, del que son víctimas numerosos sectores de la población –desde los pueblos indígenas y las organizaciones sociales de trabajadores informales o desocupados hasta las y los “pibes pobres” de las grandes urbes y sus periferias–. El racismo y la tensión de clase, lejos de ser novedades, tienen una historia muy anterior, que se remonta a varios siglos de colonización y que desde luego adquirió otras formas y declinaciones con la construcción de estado nación contemporáneo desde fines del siglo XIX.

Sexta escena. En 2022, se produjo otro momento crucial: el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, por entonces vicepresidenta de la Argentina, principal referente popular del peronismo17. El episodio hizo clamar a amplios sectores por la vigencia de ese “pacto del Nunca Más”, ahora entendido como no a la violencia política. Pero no todos los dirigentes del mundo político repudiaron el hecho y la tentativa de magnicidio dejó a la vista profundos malestares canalizados como odio entre sectores altos, medios y populares, y acicateados por movimientos y líderes de derecha cada vez más virulentos y reactivos. A su vez, esa violencia, expresada inicialmente como parte de una “grieta” entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, se inscribía en una larga tradición de conflictividad en torno a identidades políticas excluyentes que ha surcado buena parte de la vida política argentina, como las del conflicto peronismo-antiperonismo, pero también, más atrás, radicales y conservadores a comienzos del siglo XX18.

Séptima escena. Un año después de aquel momento de extrema violencia, en septiembre de 2023, la entonces candidata a vicepresidenta por la organización de extrema derecha La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, invocaba en un acto oficial en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la memoria de las “víctimas del terrorismo”, es decir, los asesinados por las organizaciones armadas revolucionarias de los años setenta, en su mayoría militares y miembros de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, el candidato a presidente de la misma fórmula, Javier Milei, afirmaba que lo sucedido en los años setenta había sido una guerra –en obvia contraposición a la idea de una masacre perpetrada por el Estado–. La campaña electoral de fines de 2023 estuvo atravesada por amenazas y proclamas intimidatorias a dirigentes, sectores y espacios asociados al universo del “progresismo” intelectual y político. La simbología más recurrente movilizada en esos días fue la imagen del falcon verde –automóvil directamente asociado a la represión dictatorial en la memoria social.

Los discursos de Villarruel y Milei se inscriben una estela creciente de argumentos justificatorios de la violencia represiva del Estado argentino, que comenzaron a aflorar junto con otras ideas revisionistas como la discusión sobre el número de desaparecidos. Sin embargo, no son una novedad de los últimos tiempos, existen desde la misma dictadura de manera más o menos visible o subterránea. En los últimos años empezaron a crecer, primero de manera reactiva a las políticas de justicia del kirchnerismo, y luego con fuerza pública y visible desde 2015, estimuladas por la expansión del heterogéneo conglomerado de la centro-derecha y la coyuntura de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia19.

La fórmula Milei-Villarruel, que asocia el neoliberalismo de shock y la reivindicación de la violencia más brutal de nuestra historia, ganó las elecciones el 19 de noviembre de 2023.

En la Argentina, el proceso final de llegada de la extrema derecha al poder ha sido vertiginoso, pero no por ello inexplicable o carente de indicios que el presente ahora alumbra retrospectivamente. Las escenas evocadas, aun en la arbitrariedad de su selección, tienen la doble virtud de mostrar la potencia de los acuerdos y consensos fundantes de la democracia argentina contemporánea y, a la vez, los datos de su resquebrajamiento, o más sencillamente, de la convivencia con sentidos y representaciones que tensan esos valores fundantes. Sin embargo, la convicción compartida sobre la hegemonía del mito fundacional, el carácter aún incipiente de aquellas tensiones y su menor relevancia en el contexto contingente en que afloraron, no permitió darles un significado mayor. El presente, sin duda, nos permite resignificar todos los datos. Podríamos aquí evocar a Hannah Arendt cuando señala que “sólo cuando algo irrevocable ha ocurrido, podemos nosotros intentar trazar su historia hacia atrás. El acontecimiento ilumina su propio pasado: nunca puede deducirse de éste”20. En otros términos, no hay en las escenas evocadas causas del actual presente, ni el presente es un efecto predecible del pasado, solo puede pensarse el presente como la cristalización, discontinua –ni lineal, ni inevitable–, de procesos que estaban allí21.

En efecto, en los últimos años, y de manera precipitada después de la pandemia y de su fase de aislamiento social (2020-2021), el escenario cambió de manera sustancial en la Argentina, dejando a la vista la fragilidad –en algunos casos–, o el agotamiento –en otros– de los arreglos sociales y políticos que constituyeron la trama del ciclo abierto en 1983. El proceso social no fue tan rápido ni tan inesperado (aunque sí lo fue el ascenso de la figura de Javier Milei y su llegada al poder). La crisis económica, la inflación, la pobreza y la desigualdad no son novedades de los últimos años. Estos factores estaban presentes y se hicieron particularmente críticos sucesivas veces, en la transición democrática de 1983, en la crisis de 1989, en la de 2001 y también en los cambios gubernamentales de 2015 y 2019, por citar momentos álgidos en las experiencias y percepciones sociales sobre la economía como fuente de sufrimiento social. En 2023, el año electoral, los índices de pobreza llegaron al 41.7% de la población y la indigencia a 11.9%22. Para 2021, la Argentina ya era uno de los pocos lugares del mundo donde la pobreza había experimentado un aumento tan importante sin conflictos armados o desastres naturales que lo explicaran23. Ese dato sobre el aumento exponencial más reciente de la pobreza se suma y articula –en las percepciones sociales– con otro: la acumulación de empobrecimientos y pérdida de bienestar a través de varias generaciones en las últimas cuatro décadas, incluso a pesar de los ciclos de mejoría relativa. Los datos estructurales sobre desigualdad (¡cuyo último mejor valor fue en 1974!) y las crisis a repetición son elocuentes24. Esas urgencias, las nuevas y las acumuladas, se han transformado en la certeza social de que la Argentina es una espiral sin salida y un país imposible. No es difícil, entonces, entender el sentimiento de fracaso de aquella promesa constituida al calor de la ilusión democrática: con ella no se come, ni se cura ni se educa. Cualquier reivindicación progresista del Estado y de los derechos más básicos a la salud o la educación públicas choca con la experiencia cotidiana de la población más desfavorecida cuando intenta acceder a esos servicios. Sin duda, ello puede transformarse fácilmente en la demanda de destrucción de aquello que no funciona, expresado en el acompañamiento social a los discursos de extrema derecha de la “motosierra”25 y la “casta” de los empleados estatales.

Sobre las condiciones socioeconómicas asfixiantes y acumuladas se agregan otras muchas experiencias y percepciones sociales que deben ser tomadas en cuenta. La experiencia de la violencia diaria que sufren poblaciones vulnerables, racializadas y de jóvenes –ya sea de parte del Estado en sus diversas agencias y ámbitos de intervención, o como efecto de la violencia del delito común– no es un dato novedoso y viene creciendo desde hace décadas. Baste recordar como en la década de 1980 se empezó a tematizar como problema público la violencia policial del “gatillo fácil” contra los jóvenes de las periferias urbanas. Sobre esos procesos se suman nuevas formas de sujeción social como el narcotráfico, instalado como forma de sobrevivencia y también de destrucción de la matriz social en los barrios populares.

En otro orden de las percepciones sociales, podría agregarse el espectáculo masivo, desde hace quince años al menos, de antagonismos políticos cada vez más violentos, instalados en el centro del escenario como un espectáculo participativo que convoca a la denigración del enemigo sin tapujos. Si bien la conflictividad y la construcción de alteridades es inherente a la vida política, en el caso argentino, los imaginarios y las prácticas autoritarias y violentas nunca desaparecieron completamente. Los niveles de conflictividad aceptables y la potencia de la ilusión refundante regularon el juego político y social de manera más o menos eficiente durante varias décadas –incluso ante incertidumbres extremas como la crisis del 2001– para luego agudizarse en los últimos años. Por eso mismo, hay algo de continuidad y también de novedad radical en la campaña electoral de 2023, que transformó en discurso oficial no solo la denigración del adversario, sino el deseo de eliminación de un otro devenido ahora enemigo total y vagamente definido como “zurdo empobrecedor”26.

Estas percepciones sociales sobre los múltiples niveles de la vida nacional y las condiciones personales derivadas de ello se alimentaron y son alimentadas por otro proceso mucho más vasto y más difícil de asir, pero ya claramente identificado por numerosos cientistas sociales. Se trata del cambio en las subjetividades contemporáneas. Las transformaciones más amplias del capitalismo contemporáneo, sus lógicas neoliberales más desnudas y la experiencia de la pandemia han nutrido nuevas maneras de estar y ser en el mundo: subjetividades individualistas basadas en la celebración de la capacidad de sobrevivencia individual y el emprendedurismo como filosofía, todo ello profusamente alimentado por la lógica de las redes sociales y las plataformas digitales27. Lejos de condenar estas nuevas subjetividades populares, como señalan Ulises Ferro y Pablo Semán, parece importante entender que ello es también resultado de las maneras en que las generaciones más jóvenes, especialmente, han logrado sobrevivir y resignificar los sufrimientos materiales acumulados28. En todo caso, la experiencia sostenida de pérdida de bienestar, asentada sobre las herencias de la dictadura y los neoliberalismos posteriores, han facilitado la emergencia de “individualismos autoritarios”29 en amplios sectores de la población. Sobre ese sustrato, se asentó la experiencia del aislamiento social durante la pandemia y la percepción del Estado como un instrumento opresivo. En este contexto, los arreglos sociales para la vida en común parecen haberse astillado: los derechos de unos son percibidos como privilegios o amenazas a la libertad de otros y el individualismo extremo se torna crueldad y desprecio por la vida ajena30. Luego, resulta fácil entender que el darwinismo social como política de Estado que propone Milei resulte atractivo (al menos en términos teóricos). En definitiva, aquello que parecía haber sido una apuesta por una vida en común hace cuarenta años, y que incluso pareció reafirmarse “por abajo” en las formas solidarias y democráticas que tomó la explosión social del 2001, se encuentra hoy totalmente fracturado.

Así, las salidas destructivas basadas en la demolición de lo existente y la intervención punitivista y securitaria –en distintos planos y esferas de la vida social– que proponen las nuevas derechas, encuentran entusiasmo social porque prometen orden y soluciones radicales para un país que se percibe desbocado. En el deseo social de orden, punición y eliminación es donde el ideal del “pacto democrático” muestra toda su fractura social. Y es justamente allí donde los actuales discursos justificatorios sobre el terrorismo de Estado y la violencia represiva del pasado cobran todo su sentido: no son tan peligrosos porque hablan de “la subversión” de los años setenta o relativizan el número de desaparecidos, sino porque legitiman formas del ejercicio del poder y de la autoridad que creíamos terminadas y modelos de orden que creíamos superados. Esas evocaciones muestran la fractura del “pacto del Nunca Más”, no por lo que dicen del pasado dictatorial sino por el futuro que nos proponen.

En este marco, los discursos atados a los parámetros del mito fundacional de la transición, o a sus derivas progresistas formuladas en el lenguaje de los derechos, ya no funcionan, justamente porque no logran hablar de la experiencia social de amplias capas de la población, y mucho menos para las jóvenes generaciones empobrecidas. Invocar “el Nunca Más” o la democracia ya no puede alcanzar para retener la rabia de quienes se constituyeron bajo la vivencia de la desafiliación social, la pobreza y la violencia crecientes en cuarenta años de democracia. Y esa rabia se encontró durante años, empezando por el sistema escolar, con discursos progresistas que construían un mito allí donde los datos de la realidad indicaban lo contrario. Y los datos de esa realidad fueron interpretados mejor por el discurso revanchista de una extrema derecha popular.

Las investigaciones sociológicas coinciden en indicar la fuerza del corte etario del voto a Milei y en mostrar que la impugnación de los jóvenes no es meramente reactiva a la falta de expectativas y al fracaso de la inclusión social de la democracia argentina, es además, en amplios grupos sociales, una adscripción ideológica convencida, consciente e informada, a los valores de la derecha radical. Estos jóvenes se autoidentifican de derecha, tienen preferencias pro-mercado, creen que aumentar los impuestos es un ataque a la propiedad privada, y que las ayudas sociales generan gasto o gente que vive a expensas del Estado. Tienden a pensar que los cambios en materia de derechos de género y diversidad sexual han sido excesivos y han avanzado demasiado rápido. Lo que los define hoy no parece ser el malestar económico o la pasividad política, sino su acuerdo activo con la “batalla cultural” que Javier Milei propone31. Por tanto, hay aquí un fenómeno ideológico y cultural profundo y nuevo que se está asentando, al igual que en otras partes del globo. Y, como en todo el mundo, este proceso se ha visto fuertemente potenciado por los cambios en el tecno-capitalismo, sin que ello sea la causa del cambio societal.

No obstante, quisiera insistir que en el actual escenario argentino no todas son novedades del ciclo histórico posdictatorial o del fenómeno global de ascenso de las nuevas derechas. Aunque el nuevo momento sea resultado de la percepción del fracaso de la experiencia iniciada en la posdictadura y de otras transformaciones más recientes de la “ola reaccionaria” en todo el mundo, también se nutre y encuentra ecos en formas muy arraigadas de la vida social argentina. Las violencias actuales –materiales o discursivas– remiten a formas del ejercicio más desnudo de la violencia clasista y política del siglo XX argentino previo a 1983. La violencia sobre los sectores más pobres y desguarnecidos, cuya mayor brutalidad fue visible en las formas oligárquicas de la dominación social de la primera parte del siglo pasado, nunca desapareció de la escena, pero había quedado apaciguada y disimulada por las múltiples formas de la integración social de las décadas siguientes (excepto para las poblaciones indígenas que han sido víctimas de múltiples vejaciones de manera ininterrumpida, sin importar los colores políticos).

De la misma manera, la violencia política actual, expresada desde la autoridad estatal como deseo de destrucción del otro, y amplificada hasta generar conjuntos heterogéneos y difusos de “zurdos peligrosos” (feministas, kirchneristas, defensores del cambio climático, periodistas o economistas críticos), encuentra su tradición previa en un anticomunismo muy arraigado que funcionó durante todo el siglo XX como un significante vacío para construir enemigos difusos y absolutos percibidos como amenazas al orden deseado. La experiencia del terrorismo de Estado, en los años setenta, no fue más que la puesta en acto brutal de ese principio anticomunista de larga data, hoy renacido hasta parecer casi ridículo32. En definitiva, la extrema derecha argentina encuentra sus ecos en conflictos y representaciones muy sedimentadas en nuestra historia, tanto como se nutre de la novedad de un proceso global de florecimiento de nuevas derechas que la autorizan y del cual es inescindible33.

En 1983, emergió de la dictadura una sociedad en condiciones trágicas, que hizo de esas condiciones algunos acuerdos virtuosos, eso que hemos dado en llamar el “pacto democrático”. De la tragedia y la destrucción emergió una promesa de reparación de la trama societal y política en términos de democratización, acceso a derechos y convivencia pacífica. Hoy, a cuarenta años de 1983, cada uno de los fundamentos que iniciaron aquel nuevo ciclo político está cuestionado:

- hoy, la exclusión social de grandes capas de población llevó al poder a quien prometió eliminar derechos sociales y económicos y ha puesto en marcha políticas explícitas en ese sentido sin que eso genere –al menos hasta ahora– grandes reacciones en contra;

- hoy, la violencia y la represión sobre las protestas sociales es parte de las prácticas estatales, con pleno apoyo y compromiso de la otrora derecha liberal; y la intervención de las fuerzas armadas en seguridad interior es una posibilidad admisible (aunque menos clara en horizonte que otras variables);

- hoy, la incitación a la violencia política y estatal desde los dispositivos y actores en el sistema político no tiene barrera de contención ni reglas legítimas, porque el paradigma de gobierno es la “guerra cultural” en una sociedad transformada en campo de batalla;

- hoy, la violencia política está reinstalada horizontalmente en el activismo social de base y es dirigida contra todo un espectro de actores defendidos por el discurso “progresista” (derechos humanos, feminismo, diversidades sexuales, militantes de sectores opositores) y ello está provocando nuevas violencias cotidianas sobre los sectores estigmatizados.

- hoy, el astillamiento del discurso de los derechos humanos y de la democracia como sistema quedó a la vista en su imposibilidad misma de limitar el ascenso de la derecha radical al poder con su discurso prodictatorial y contrario a las instituciones y la coexistencia democrática. La extrema derecha ha llegado al poder de la mano del juego democrático, pero esas reglas y prácticas pueden quebrarse desde adentro, como tantas veces sucedió en el pasado34.

Todos los datos indican que el ciclo histórico abierto en la Argentina con la transición democrática de 1983, como forma indiscutiblemente legítima del juego político y como proyecto colectivo, está llegando a su fin. Ello no significa necesariamente que la democracia como sistema o reglas del juego esté en riesgo (aunque desde luego podrían estarlo), sino que lo que se acabó es la hegemonía de la creencia en la democracia como horizonte colectivo, como arreglo para el juego político y como forma de vida social. Y con ello, también se acaba la fuerza de nuestra ficción fundante del “Nunca Más”, porque los símbolos existen mientras creamos en ellos.