En el actual momento argentino, los debates sobre los usos políticos del pasado han vuelto a inquietar a intelectuales e historiadores. Ya no se trata de discusiones relativas a las implicancias de la “explosión memorial” o del nuevo régimen de historicidad presentista tematizado por François Hartog, que imantó reflexiones de diferente espesor1. Tampoco involucra temas y problemas ligados al “pasado que no pasa”, esto es, a los usos y “tabúes del régimen de memoria” sobre la represión estatal previa y posterior a la última dictadura militar2, las cuales interpelaron a los historiadores en su doble carácter: como especialistas y como expertos del pasado radicado en un presente que organiza la mirada que “cabalga necesaria u obligadamente sobre la tensión entre el gesto crítico, propio de la disciplina, y el enfoque empático, tributario de la voluntad de intervención política”3. Menos aún el debate que incomoda a la comunidad de especialistas queda reducido a los conceptos, teorías o puntos de vista en torno a los invisibilizados de siglos pretéritos y del tiempo presente, para dotarlos de voz en las renovadas narrativas de la nación, imantadas por prácticas intensivas de archivo y la lectura “entrelíneas” sugerida por Carlo Ginzburg4. De igual modo, las controversias no quedan circunscritas a la distinción entre la historiografía académica y el modo en que la historia o el pasado nacional ha integrado el repertorio simbólico del accionar político, los partidos políticos o grupos sociales con capacidades desiguales para refutar alguno que otro canon dominante, o bien ha dejado de ocupar un renglón potente en el debate político contemporáneo5.

En su lugar, el actual malestar reside en el rechazo al uso instrumental del gobierno de Milei de la historia nacional, convertida en un capítulo de la batalla cultural que pretende librar contra el “socialismo” o “comunismo”, que enuncia sin rigor mediante, y que radica en su principal contrincante, el kirchnerismo, entendido como expresión del desorden fiscal, recetas populistas frustradas y responsable último de la decadencia nacional. Un discurso y sensibilidad política que hunde sus raíces en el pasado reciente, en particular con la crisis del campo de 2008, que operó como parteaguas del ciclo de politización y polarización ideológica que conformó dos bloques antagónicos e irreconciliables. En ese embate, el discurso de La Libertad Avanza (LLA) no solo se conforma y formaliza contra el kirchnerismo, sino que arremete contra los procesos de democratización política, social y cultural del siglo XX y lo que va del XXI. Un discurso de naturaleza “fusionista”, como señalan algunos especialistas, que emergió como resultado de mutaciones ideológicas de las derechas liberales y nacionalistas reaccionarias argentinas hasta entonces marginales del juego electoral, y se popularizó a niveles insospechados, instalándose como rasgo de autoidentificación política sin titubeos ni complejos6.

La batalla cultural liderada por el outsider que irrumpió en el escenario político, sin territorio ni estructuras precedentes pero surtido de las nuevas herramientas de comunicación digital que le permitieron cosechar el voto popular, no sólo tiene en la mira discursiva y simbólica a su adversaria preferida, Cristina Fernández de Kirchner, replicando más de una vez recursos utilizados durante sus dos mandatos presidenciales con mensajes violentos y estéticas alternativas o disonantes. El nudo del argumento reside esta vez en la reactualización de la visión decadentista de la historia nacional, pero bajo un registro distópico o disruptivo, en tanto atribuye a la cultura democrática y los derechos humanos la razón última de las tragedias argentinas, erigiendo en su reemplazo la tradición liberal del siglo XIX como zócalo de inspiración o recuerdo para refundar los pilares de la prosperidad perdida del país. Un argumento controversial desde el punto de vista historiográfico pero que, sin embargo, le resultó eficaz para erigirse en conductor y único intérprete del nuevo clima de ideas y sensibilidades colectivas caracterizado por el rechazo de los partidos y políticos profesionales, el bloqueo del universo simbólico del peronismo como garante del bienestar de las mayorías populares, el deterioro de bienes o servicios públicos esenciales, el fracaso de planes de estabilización económica, la pulverización de la moneda nacional y la galopante inflación, el creciente peso del individualismo en los procesos de subjetivación social, y el impacto de la pandemia como punto de inflexión del desencuentro entre el Estado y la doliente sociedad encerrada por la cuarentena eterna. A juicio de Pablo Semán, esa experiencia dio lugar a un movimiento de desafección, hostilidad e incomodidad respecto del Estado y de los partidos políticos, precipitando una doble erosión: “la erosión de la imagen de la política es parte de una erosión de la relación con el Estado”7.

Cabe realizar algunas advertencias al lector de este ensayo: si en este trabajo propongo una lectura puntual sobre los usos políticos del pasado por Milei y su equipo de gobierno, la misma no debería perder de vista que no estamos frente a un fenómeno original o de circunstancia, sino que se conecta con estilos, prácticas o usos semejantes por parte de oficialismos del pasado reciente como de otros más remotos. En Argentina, a semejanza de otros países latinoamericanos, el pasado o historia nacional rara vez estuvo ausente del debate político, por lo que viene estructurando el repertorio de operaciones políticas e intelectuales para cimentar la identidad y cultura nacional, liturgias estatales, tradiciones partidarias y el combate de ideas en torno a proyectos futuros de la nación, en las que prevalecen tópicos de una concepción de la historia en la que pasado, presente y futuro operan como punto de vista práctico-político8. De modo que estas notas sueltas constituyen una instantánea, un recorte discreto sobre los usos del pasado entre el ascenso al poder de Milei, el montaje de su propio panteón nacional y la toma de posición de intelectuales e historiadores profesionales. Un repaso en el que naturalmente laten algunos interrogantes: ¿se trata sólo de una reedición del uso público de la historia nacional que tiene como propósito activar sensibilidades e identidades colectivas? ¿El pasado liberal del siglo XIX en el discurso oficial constituye sólo un recurso circunstancial o tiene capacidad de interpelar y rivalizar con narrativas públicas precedentes? Lo último, aunque no menos interesante desde mi punto de vista: ¿En qué medida el fenómeno mileísta coloca a los historiadores académicos ante nuevos desafíos?

Javier Milei asumió la primera magistratura del país en el recinto del Congreso, donde recibió los atributos del presidente saliente para luego prestar juramento ante la presidente del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual la expresidenta y principal líder de la oposición introducía un giro significativo respecto de la sucesión presidencial del 2015, cuando había eludido traspasar el mando al presidente Mauricio Macri. El gesto de CFK no dejó de llamar la atención por las risas y guiños que acompañaron la ceremonia. Hubo quienes interpretaron que constituía un acto deliberado por tratarse, a diferencia de Macri, de un hijo de clases medias porteñas y egresado de una universidad sin credenciales prestigiosas, en la que abrevó en el liberalismo vernáculo de la mano de los cultores criollos de los economistas austríacos Friedrich Hayek y Ludwig Von Mises (liberalismo que entremezcla con las consignas del propulsor de ideas libertarias y anarco-capitalistas Murray Rothbard, entre otros innovadores tecnológicos nacidos de la usina generadora de Silicon Valley).

El ritual público modificó el protocolo oficial en tanto Milei pronunció el discurso de cara a sus simpatizantes reunidos en la plaza del Congreso, rodeado de invitados especiales que soportaron el agobiante calor de la jornada. Se trató de un gesto político e institucional deliberado para esquivar realizarlo ante los representantes del pueblo de la nación y de las provincias, con el fin de enfatizar la distancia entre el liderazgo plebeyo legitimado en las urnas y la “casta”, la metáfora o concepto que le permitió desmarcarse de la dirigencia política forjada a lo largo de cuarenta años de democracia y erigirse en el único candidato que podía impulsar el cambio y torcer el rumbo del país9.

El discurso que leyó luciendo la banda presidencial, habiendo delegado la custodia del bastón de mando cuya empuñadura de plata luce los cinco perros por él venerados, hizo hincapié en el legado de los padres fundadores de la Argentina republicana del siglo XIX. Con ello, señalaba el quiebre de la ideología de la libertad y el progreso que había sido el motor del crecimiento económico experimentado entre 1870 y 1914, el país del ganado y las mieses que metaforizó el poeta Leopoldo Lugones, el que había favorecido el arribo de millones de inmigrantes europeos que habían bajado de los barcos para “hacer la América”, convirtiéndose en uno de los países que más inmigrantes atrajo y asimiló entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial10.

En esa saga genealógica, Milei eludió referirse a la Revolución de Mayo. En cambio, ensalzó la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sud-América en 1816, y se hizo eco del proyecto modernizador de la generación romántica del ’37, que había propiciado desde el exilio clausurar el ciclo de guerras civiles y promover el pacto constitucional de 1853 como piedra de toque del programa civilizatorio. En su discurso, el presidente también trajo a colación una cita del presidente Julio A. Roca, el arquitecto político de la Argentina moderna, que fortaleció la figura presidencial en detrimento de gobernadores díscolos y de las revoluciones en tanto conspiraban contra la ciencia del buen gobierno y la sana administración. Lo hizo al momento de fundamentar el “ajuste ordenado”, que advirtió que caería con fuerza sobre el Estado o el sector público. La expresión escogida de quien definió como “uno de los mejores presidentes de la historia argentina” enfatizó la relación entre el esfuerzo o sacrificio colectivo, la “libertad de los hombres”, “el engrandecimiento de los pueblos” y el carácter estable y duradero de las grandes empresas nacionales. Con ello, anticipaba el paquete de reformas (o shock liberal) condensado en el mega Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU 70/2023) y la monumental Ley Bases, destinados a desregular la actividad económica y comercial, establecer nuevas relaciones laborales, privatizar empresas públicas y eliminar mecanismos legales y técnicos que preservan privilegios corporativos en beneficio de intereses de los individuos o de las empresas. Con esa batería legal, Milei prometía a sus fieles seguidores y de ocasión atacar las causas últimas del déficit fiscal y el gasto público: el acicate de la postración económica y los alarmantes indicadores de pobreza e indigencia heredados de la administración anterior11.

Que el discurso presidencial haya hecho del pasado nacional un recurso instrumental tiene poco de original. La originalidad reposa en todo caso en que haga hincapié en el estadio liberal, a despecho de tradiciones o corrientes revisionistas de la historia nacional de diferente prosapia, para entablar conexiones con el presente vivido y la promesa de futuro. En ambos casos, su voz expuso alguna cuota de imaginación, tergiversación o “falsificación”, con el fin de activar confianza entre sus simpatizantes o interlocutores directos y, en el mejor de los casos, ratificar su consentimiento. Pero, como todo ejercicio de memoria estatal u oficial, se trata de un proceso selectivo de recuerdos y olvidos en tanto la tradición liberal que evoca más de una vez, la del siglo XIX, no eludió ni postergó el crucial papel que el Estado nacional (y los provinciales) cumplieron en la construcción de la Argentina liberal. En ese linaje se inscribe el legado de su favorito, Juan B. Alberdi, el inspirador de la constitución de 1853, y del sanjuanino Domingo F. Sarmiento, el mentor del sistema educativo público nacional, quienes propiciaron desde el gabinete, la tribuna o el accionar político práctico el fortalecimiento de las capacidades estatales en la conformación de la república representativa y federal en ciernes. Asimismo, si se posa la lente en el Roca evocado por Milei, tampoco hay sorpresas sobre la valoración de la intervención estatal como llave de acceso al progreso argentino. Un tipo de intervención que abrevó en las ideas del nacionalismo unificador que ya había tomado cuerpo en la Alemania de Bismarck, y que inspiró más de un incentivo estatal a la producción de bienes de consumo masivo en el interior del país. Vale recordar que esa convicción Roca la hizo pública en el discurso que pronunció en San Juan al momento de inaugurar el servicio ferroviario en 1885, en el que confirmó que la política de intervención por la vía de aranceles a las importaciones se convertía en un dispositivo medular de las economías agroindustriales regionales. En palabras de Roca: “La industria nacional nace apenas, y abandonada a sus solas fuerzas, sin el apoyo eficaz y permanente del Estado, por medio de leyes protectoras se quedará ahí debatiéndose en inútiles ensayos sin poder competir con los productos de la industria extranjera que inundan nuestros mercados […] ¿Qué resorte mágico debemos tocar para despertar a los pueblos del interior y hacer surgir, los ingenios, las bodegas colosales en todo el país? Tenemos dos recursos, ferrocarriles fáciles y baratos para que las provincias puedan intercambiar recíprocamente sus productos y protección franca, valiente y constante de la industria nacional […]”12.

Los usos del pasado del nuevo oficialismo no quedaron allí sino que se reactualizaron el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así, mientras organizaciones feministas y movimientos sociales poblaban las calles y espacios públicos poniendo de relieve la histórica agenda de sus reclamos, resistencias, conquistas y deudas pendientes, el gobierno nacional confrontó con dicha tradición, actualizando el carácter de la batalla cultural con la que aspira a refundar las bases del país heredado y satisfacer especialmente ideologías antifeministas que no sólo animan las convicciones misóginas de su círculo próximo sino una porción de su propio electorado, que incluye varones y mujeres jóvenes. Un proceso de politización y rebeldía juvenil que se radicalizó durante la reclusión de la pandemia y adquirió densidad en la crítica a la “bajada de línea” en escuelas, universidades y organismos gubernamentales de las políticas públicas de género aplicadas por el gobierno anterior13. Un conglomerado juvenil de los grandes centros urbanos, movilizado e interpelado a librar la “batalla cultural” incitada por intelectuales, artefactos, textos y eventos culturales con capacidad suficiente para intervenir en la conversación pública y producir efectos masivos en comunidades digitales sobre los temas preferidos de la agenda libertaria. Sobre todo, el derecho al aborto, la ideología de género, el debate sobre la violencia armada y el terrorismo de Estado anclado en la noción de “memoria completa”, el reparto de planes sociales por los “gerentes de la pobreza”, los impuestos y la afrenta a quienes “viven del Estado”, que incluyó no solo las plantas estatales de los distintos niveles de gobierno sino que alcanzó el personal de las universidades nacionales y del sector científico14.

Lo hizo mediante un acto de provocación en la sede del Poder Ejecutivo Nacional, la Casa Rosada, en tanto reemplazó los retratos de mujeres distintivas de la vida cultural y política nacional que lucían en el Salón de las Mujeres desde las celebraciones del Bicentenario de Mayo por una galería de “próceres”, con la intención de instalar su propio panteón, develando una “visión del pasado no sólo misógina sino también arcaica, que huele a naftalina”15. Pero la sustitución de una galería por otra y su difusión el mismo día de la conmemoración de la lucha histórica de las mujeres por sus derechos no sólo dejaba a la vista el regular uso político del pasado para activar recuerdos u olvidos en la memoria colectiva. El hecho que la galería de “próceres” haya sido presentada por su hermana en ejercicio de la Secretaría General de la presidencia, introdujo un vector adicional. Fue ella, “el Jefe” (como la llama su hermano), la que realizó la operación memorial que de un plumazo desmontó la saga femenina y, al mismo tiempo, erigió otra de reemplazo, con la dudosa pretensión de reglamentar el recuerdo de los varones escogidos y no de otros16.

Como no podía ser de otro modo, allí están los fundadores de la Patria, encabezados por San Martín y Belgrano. También figuran los principales referentes de la tradición liberal-conservadora del siglo XIX, en la línea genealógica que enlaza a Rivadavia, Alberdi, Mitre, Sarmiento y Roca, entre otros menos conspicuos. Así lo atestigua la rara incorporación de Victorino de la Plaza y la ausencia de Roque Sáenz Peña, el factótum de la reforma electoral de 1912, que deja a la vista el deliberado olvido oficial de los líderes populares del siglo XX, Yrigoyen y Perón, con lo cual se hace patente en el plano simbólico un juicio vertido más de una vez por el presidente en sus discursos de ocasión: este es, el que atribuye a la democracia de masas o “populismos” el origen o causas últimas de la decadencia o frustración nacional. La lista de próceres de Milei se completa con un retrato de Carlos Menem, el único presidente de la democracia recuperada en 1983 que merece integrar su panteón. Con ello, la voz oficial echa un manto de olvido sobre el legado alfonsinista en materia de derechos humanos17, la ley de divorcio vincular y la modernización educativa y cultural que acompañó la transición democrática. En su lugar, resalta la gestión del dos veces presidente Carlos Menem como expresión de un estadio del voto peronista ligado con la reforma del estado, la apertura económica y la privatización de las empresas públicas. Iniciativas todas que resultan valoradas por Milei en tanto fueron acompañadas por la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales del partido fundado por Perón, aliados de ocasión, los gobernadores de provincias prósperas, medianas o pobres, y los representantes reunidos en el Congreso, con la sola excepción de algunos díscolos.

Dicha valoración no resulta menor por varias razones. No sólo porque el gobierno de Milei debe recomponer el juego de alianzas, intercambios o cancelaciones con los jefes territoriales o gobernadores y la deshilachada oposición con representación parlamentaria, de quienes dependen la sanción o veto de leyes claves para sus reformas. El rescate de la figura de Menem en la retórica del presidente libertario también parece jugar a la manera de espejo y contra espejo, al ponderar el programa neoliberal ejecutado y desmarcarse del riojano en tanto contradijo sus promesas de campaña, con lo cual enfatiza su quiebre con la clase política o políticos profesionales. En cambio, Milei habla y gobierna con la “verdad”, esto es, mantiene intacta la hidra “antipolítica” y “antiestatalista” que captó el humor social y lo condujo a la Casa Rosada, expresando la versión local de la derecha radical que conmueve a las democracias contemporáneas. De modo que el panteón mileísta resultante de la manipulación de la errática genealogía liberal parece ilustrar no sólo las preferencias ideológicas y políticas del presidente, de intelectuales o asesores de imagen, sino que estaría vinculado, como señaló tempranamente Semán, con un proceso de politización más amplio, imantado por experiencias de subjetivación social individualistas que mostraban la desafección por el rol histórico ejercido por el Estado.

El creciente influjo político y electoral del candidato de la “motosierra”, el objeto que simboliza el drástico cambio de rumbo prometido y materializa la violencia verbal expresada en discursos públicos y redes sociales, no dejó de sembrar alarma en porciones de intelectuales e historiadores inquietos ante la irrupción de un fenómeno social y político que conmovía “los fundamentos del pacto democrático desde 1983”18. Un diagnóstico agonal basado en la certeza de que el posible triunfo del candidato libertario constituía una amenaza para la convivencia democrática en tanto su discurso promovía la violencia social y política y reivindicaba la dictadura militar. Una crisis social “terminal” cuya responsabilidad atribuían a la dirigencia política en su conjunto (las coaliciones del gobierno y de la oposición), que recomendaba conformar un frente plural e independiente para frenar el avance de Milei, defender los valores democráticos y evitar caer en la “barbarie”.

Lo hicieron después de las elecciones primarias abiertas (PASO) en las que Milei cosechó el tercio del electorado, lo que lo ubicó como candidato firme de los comicios presidenciales de octubre que ratificaron la tendencia en torno a la voluntad de cambio de la ciudadanía, testeada por algunos lúcidos analistas de opinión pública que avizoraban el fin de ciclo o cambio de época ante el inminente colapso del sistema político que había tramitado la crisis del 200119. Las elecciones generales confirmaron que el outsider había acumulado capital político suficiente para entrar en el balotaje. Frente a lo que hasta la víspera constituía una amenaza para la democracia recuperada en 1983, colectivos de intelectuales, artistas, universitarios, referentes culturales, líderes sociales y políticos emitieron una nueva declaración que ratificó el compromiso de la primera en virtud de que “cualquier cosa era mejor al libertario”. La “conducta pública” y la “propuesta de gobierno” del candidato de la ultraderecha vernácula anticipaba cualquier deriva autoritaria en tanto “reivindicaba el terrorismo de Estado y ponía en riesgo consensos básicos de convivencia democrática y los principios de la constitución”. Todo conducía entonces a no votar en blanco e instar a la ciudadanía votar a favor del ministro-candidato Sergio Massa, “porque no hay futuro común bajo un gobierno de Javier Milei”, con la falsa ilusión de atemperar el ciclón de votos anticipado en las encuestas, que eyectó al libertario a la cúspide del poder presidencial20.

Desde entonces, los historiadores académicos siguieron palmo a palmo la manera en que la voz presidencial apela al pasado “luminoso” del país para radicar su programa de gobierno, con el propósito de corregir sus desviaciones, denunciar sus falsedades y subrayar los usos y abusos de la historia nacional21. Lo hacen mediante declaraciones colectivas, columnas de opinión, entrevistas, redes sociales o eventos enmarcados en lo que se ha dado en llamar “historia pública”, es decir, iniciativas destinadas a diversos públicos con el propósito de democratizar la producción y difusión de conocimiento histórico a los efectos de descentrar la historiografía académica y propiciar narrativas plurales22. Un paquete de intervenciones que involucra a especialistas del lejano siglo XIX y del pasado reciente, munidos todos de competencias disciplinares incuestionables, que reactualizan el compromiso con la “verdad” o conocimiento histórico y el papel del intelectual dispuesto a poner su saber al servicio de la conversación pública.

Un fenómeno que no tiene ninguna novedad en tanto evoca debates y refutaciones de la política de memoria estatal correspondientes al “momento kirchnerista”. Al respecto, vale recordar, al menos, las polémicas en torno a la narrativa neo-revisionista de las celebraciones del Bicentenario de las revoluciones de independencia, la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano y la instauración del día de la “soberanía nacional”23; la “apropiación” de la agenda de derechos humanos24 y la cancelación de personajes históricos cruciales, que agrupó a Colón, Sarmiento y Roca25.

Pero aun aceptando los grados o variaciones de los usos públicos del pasado nacional por unos y otros, y el eventual impacto en la cultura política e histórica nacional, salta a la vista el peso que mantienen las narrativas del pasado como arena de disputa política e ideológica y, junto con ello, la doble tensión que cruza a los cultores de Clío: la que exige o supone el distanciamiento o emancipación del pasado con respecto al presente, y la que deriva de la pluralidad de discursos históricos que rivalizan o marchan en paralelo al saber académico o experto26.

Dos décadas atrás, Tulio Halperin Donghi adujo estar satisfecho ante la consolidación del campo historiográfico porque la devaluación creciente de proyectos a futuro había dado lugar a consensos inusitados, que hasta la víspera habían generado posiciones encontradas, en la cofradía que solía frecuentar. Su afirmación obedecía a los resultados de la profesionalización de los estudios históricos derivada de la normalización de la vida académica en las universidades públicas y organismos científicos que acompañó el proceso de recuperación democrática. Pero, para ser precisos, no se trataba de un asunto circunscrito a los historiadores profesionales. Al evaluar el periplo de los intelectuales de la Argentina democrática, Juan Carlos Torre aludió a la progresiva consolidación de las comunidades académicas, en la que destacaba la gestación de dos fenómenos: el “enfriamiento ideológico de la labor intelectual” y “la creación de pautas de vida académica compartidas por sobre contrastes ideológico-políticos”. A su juicio, ambos pusieron en escena la despolitización de la cultura y una nueva inserción de los intelectuales en la esfera pública27. En otro orden, Fernando Devoto señalaba los desafíos que enfrentaban los historiadores porque, si el rigor científico y la progresiva especialización había gravitado a favor del crecimiento y consolidación del campo historiográfico, la pérdida de influjo o reconocimiento social e institucional los colocaba en un lugar incómodo frente a otros actores o intermediarios del saber histórico con mayores y mejores herramientas, destrezas y sensibilidades para incidir en audiencias o públicos, y atribuía el problema al exceso de lenguajes técnicos o explicativos y la eventual desconexión entre el presente y el pasado historiado.

El problema nos conduce a tres breves comentarios finales: el primero refiere a la tensa relación de los historiadores profesionales con las formas de comunicación de contenidos históricos por fuera de su propios grupos o tribus de referencia, que los incita a ensayar recursos narrativos, audiovisuales y nuevos soportes tecnológicos con la firme convicción de su papel en la conformación de la cultura política e histórica nacional. El segundo reposa en la manera en que esa aspiración, legada también del siglo XIX, colisiona más de una vez con el objetivo perseguido en lo relativo a los diferentes usos públicos del pasado nacional (más allá de Milei) del que son expertos. El último trae a mi memoria la respuesta dada, más de veinte años atrás, por Tulio Halperin Donghi a una pregunta formulada por un estudiante sobre la función social del historiador, a la que respondió de manera sencilla: “mire, no sé bien que responder, pero le cuento una anécdota: hace poco participé en un congreso realizado en un hotel de Estados Unidos: cuando llegamos había un cartel que decía ‘Bienvenidos historiadores del mundo’. Al salir el cartel había cambiado porque llegaban los pedicuros”.

Naturalmente, la idea de apelar a la anécdota del gran historiador argentino no debería leerse como algún tipo de provocación, sino que sólo viene a recordar que la forma de hacer historia que supo practicar declinó erigirse en insumo de alguna que otra pedagogía cívica, y preserva al territorio del historiador la difícil y fascinante operación intelectual de utilizar testimonios indirectos para restituir y narrar uno de los pasados posibles.